Denuncian tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Flores de Ávila

Nueva polémica en la provincia abulense. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Flores de Ávila ha salido en defensa de "varios vecinos afectados" por lo que considera una nueva "cacicada del alcalde del PP, Juan Carlos Alonso Díaz", cuya decisión final ha servido para contratar a su mujer y a la teniente alcalde de su partido entre diez aspirantes preseleccionados por el ECYL, según han trasladado al PSOE varios munícipes.

La decena de precandidatos puesta a disposición del alcalde de Flores de Ávila aspiraba a los empleos que un año más se promueven por el programa ELTUR de la Junta de Castilla y León, con contratos de seis meses, a tiempo completo, cuyo salario –sin contar la paga extra- va de los 1.289 euros a los 2.220 euros netos al mes, según los grupos de cotización a los que se pertenezca.

En el caso de Flores de Ávila, podría haberse optado por cuatro puestos de trabajo a tiempo parcial en lugar de los dos a tiempo completo, según establecen las propias bases del programa de la Junta de Castilla y León, pero el regidor popular "prefirió concentrar la oferta en un par de vacantes".

Contrataciones polémicas

Desde el Grupo Municipal Socialista de Flores de Ávila solicitan al Equipo de Gobierno del PP "explicaciones acerca de los criterios y otros pormenores técnico-administrativos que el alcalde ha seguido para estas contrataciones polémicas y exigen al regidor que cumpla las más mínimas normas de decencia institucional y política".

En concreto, los socialistas reclaman a Juan Carlos Alonso Díaz que "revoque cualquier tipo de tentación nepotista y la reemplace por rigor y exigencia en el desempeño de sus funciones, absteniéndose de conductas que, aun siendo aparentemente legales, puedan dañar la imagen u honorabilidad del Ayuntamiento y de todo un pueblo; que actúe de acuerdo con los principios de transparencia, eficacia y austeridad; que se abstenga de amparar toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones; y que no faculte ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja en su condición de alcalde".