La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO considera que Por Ávila trata de impedir la labor sindical en un ayuntamiento que carece de convenio colectivo
El alcalde de Lanzahíta suspende de empleo y sueldo a un delegado de CCOO
La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO considera que Por Ávila trata de impedir la labor sindical en un ayuntamiento que carece de convenio colectivo
Tras la apertura de un expediente contradictorio a un empleado municipal del Ayuntamiento de Lanzahíta, ante una supuesta falta muy grave, acusado de ausentarse varios días de su puesto de trabajo, y desoídas las alegaciones presentadas por el interesado y por CCOO, el alcalde de Lanzahíta ha decretado la suspensión de empleo y sueldo, por un período de 60 días, al trabajador municipal que además es delegado de personal.
"El asunto roza el esperpento", según se indica desde CCOO, "puesto que el expediente sancionador abierto contra este trabajador alude a su ausencia del puesto de trabajo durante 6 días, de los cuales 3 eran de vacaciones concedidas por el propio ayuntamiento, 2 de libranza por calendario laboral, y 1 festivo".
En ese sentido, el sindicato aclara que "en este asunto sorprende que, conociendo la legislación vigente, las vacaciones concedidas al trabajador y el calendario laboral establecido, se haya dado curso a un expediente sancionador, a todas luces, desproporcionado".
CCOO considera que la suspensión de empleo y sueldo ejecutada contra su delegado de personal "responde a una persecución sindical" y tiene la clara intención, por parte del alcalde de Lanzahíta, José Miguel Gómez Gómez, de Por Ávila, "de amedrentar al resto de la plantilla municipal y de impedir los legítimos derechos de representación sindical con los que cuenta el trabajador sancionado".
CCOO va a tomar todas las medidas oportunas contra el alcalde de Lanzahíta para que se garanticen los derechos sindicales y cesen las hostilidades contra la representación sindical, además de insistir en la necesidad de que se negocie un convenio colectivo en el Ayuntamiento, algo a lo que está obligado según varias Sentencias, del año 2019, de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
