Prioritaria y urgente: la regulación de las viviendas de uso turístico

En el año 2019, tiempos prepandémicos, se registraban en Ávila un total de 404 viviendas turísticas, según los datos del Boletín de Coyuntura Turística de la Junta de Castilla y León. En 2024, son 849. Se han duplicado en cinco años. En total, 6.283 plazas en la provincia abulense, a la cabeza de Castilla y León con el 23% del total. Un 777% más que en 2019, cuando sumaban 949 plazas.

Los números hablan por sí solos y apuntalan la urgencia y la prioridad del desarrollo de normativa que evite problemas con los residentes, proteja su calidad de vida, asegure empleo e ingresos locales e incentive la sostenibilidad de las empresas reguladas.

Una expansión semejante, que se replica en todo el territorio nacional, requiere una regulación rápida y eficaz que los empresarios exigimos al Gobierno central, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.

Tras las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en las que han señalado que el Ejecutivo quiere poner en marcha una ley para regular las viviendas vacacionales, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) manifiesta que se trata de una medida urgente y prioritaria para regular un escenario cada vez más preocupante. Y desde la Asociación de Hoteles de Ávila nos sumamos a esta afirmación.

Los pisos turísticos han alcanzado un récord de 340.000 viviendas en 2023 y las plazas que ofertan superan a las de los hoteles y alojamientos similares en España. Y esto está teniendo consecuencias, no solo para el sector hotelero. La escasez de viviendas de alquiler está generando graves problemas de convivencia en muchos municipios españoles, provocando tensión entre los residentes que culpabilizan a la especulación inmobiliaria y al sector turístico.

Cuando se profundiza en las causas que han provocado un incremento desproporcionado en los costes del alquiler -que ocasionan que muchas familias tengan que abandonar su residencia habitual o no encuentren una vivienda para instalarse-, todos los expertos e informes coinciden en que determinadas normativas o la ausencia de ellas son las que han afectado a este preocupante fenómeno.

CEHAT viene advirtiendo desde hace más de 10 años que el mayor impacto en la disminución de la oferta de alquiler residencial ha sido provocado por la falta de regulación en la llegada de los pisos y viviendas turísticas, inicialmente creados en zonas residenciales, y no en terreno especialmente dotado para la actividad turística como sucede en los establecimientos de alojamiento hotelero, aparthoteles, campings, balnearios y todo el resto de las actividades económicas similares.

Ley de Vivienda

La nueva Ley de Vivienda, como ya avisó CEHAT, ha producido una importante bajada de la oferta de alquiler residencial, que los últimos informes estiman en más de un 30% desde la aprobación de la ley hace tan solo un año. Asimismo. las promesas reiteradas de construcción de vivienda pública para alquiler han sido incumplidas sistemáticamente con una caída del 86% desde el año 2006, debido a la necesidad de legislación municipal y autonómica para la agilización y la tramitación de licencias y la dotación de suelo público para estos efectos.

Desde Europa también se venían escuchando estas demandas desde hace años. En este sentido, HOTREC, la voz del sector alojativo en la Europa, publicó un informe sobre los alquileres turísticos de corta duración que subrayaba la necesidad de establecer una regulación europea que exigiera una legislación específica y condiciones equitativas a todos los servicios de alojamiento turístico.

La patronal europea recuerda que, en aquel entonces, se identificaron varios riesgos relacionados con el crecimiento exponencial de estos alojamientos: la competencia desleal, la exposición de los consumidores a los riesgos de seguridad, los ingresos fiscales no declarados y, sobre todo, la creciente presión sobre el acceso de los residentes locales a una vivienda asequible.

Ante este escenario, la Asociación de Hoteles de Ávila solicita al Ejecutivo que se aproveche la nueva ley para establecer unas reglas a nivel nacional y apoyen legislación autonómica y municipal que asegure una buena convivencia entre los residentes, los turistas y los usuarios de viviendas vacacionales y alojamientos provisionales.

No estamos diciendo que se prohíban las viviendas de uso turístico, sino que se controle como una actividad económica que conlleva riesgos y disfunciones, como la turismofobia desatada en ciudades como Barcelona. Se está perdiendo la identidad de los sitios y la capacidad de poder vivir tranquilamente en determinadas zonas, lo que ha dado lugar a que se registren numerosas quejas vecinales debido a las molestias ocasionadas por los alojamientos ocasiona