La propuesta de los sindicatos es que los salarios puedan subir un 3,5 por ciento de forma progresiva
UGT y CCOO convirtieron en hechos las advertencias lanzadas en los últimos meses y anunciaron un otoño conflictivo. En este sentido, saldrán a la calle en todas las capitales de provincia el 27 de noviembre para denunciar la "destrucción" del Diálogo Social por parte de las consejerías de Vox, cuya responsabilidad personificaron en el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Para esta movilización, las dos centrales sindicales buscarán la alianza de la sociedad civil organizada y de partidos políticos "frente a este ridículo nacional e internacional".
Todo ello comenzará el 20 de octubre con una asamblea de delegados de UGT y CCOO en la Feria de Valladolid, con cerca de 700 personas, para "arrancar este proceso". "Es la primera vez en la Historia de la Comunidad en la que los sindicatos desarrollarán un proceso de movilizaciones contra la Junta, o una parte de ella", ironizó el secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés. También ocuparán las plazas y las calles este próximo viernes, 7 de octubre, Día del Trabajo Decente, así como el 3 de noviembre en Madrid, para pedir a la patronal que se siente en la mesa de la negociación colectiva para incrementar los salarios, algo que "afecta mucho a Castilla y León", aunque antes protestarán frente a las sedes provinciales, recoge Ical.
Precisamente, junto a CEOE Castilla y León, explicó Andrés, ya han judicializado alguno de los acuerdos del Diálogo Social que debería haber convocado la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Mariano Veganzones, como es el relativo en materia de inmigración, que estaba prorrogado hasta 2022. El siguiente es el de Salud Laboral, dato que ahora preocupa más que nunca "porque Castilla y León está a la cabeza en siniestralidad", expuso el secretario regional de UGT, Faustino Temprano.
"Ha sido el primero. Ya hemos empezado junto a nuestros servicios jurídicos con el primer requerimiento por vía contencioso. Pero hay otras seis o siete medidas cuyo procedimiento iniciaremos una vez cerrada la posibilidad de acuerdos", comentó Vicente Andrés, quien consideró que serán los tribunales los que "dirán si el gobierno tiene que subrogarse de los acuerdos firmados por Mañueco".
En todo caso, aseguró que "está por juzgar" y apostó por "esperar" los resultados, sin desestimar cualquier tipo de denuncia en el futuro. "Ahora nos limitamos a los acuerdos firmados y que han decidido no cumplir. Ya veremos más adelante", comentó Andrés, que denunció "las muchas palabras que destilan odio hacia el mundo sindical".
Igualmente, ambos sindicatos acudirán a las instituciones europeas para denunciar este "incumplimiento de acuerdos y la política de persecución a sindicatos". Por el momento, CCOO y UGT se encuentran a la espera de la toma de posesión del director de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para fijar un encuentro en Ginebra. "Es la misma institución a la que fuimos hace cinco años con Carriedo para presentar el modelo de Diálogo Social y fue calificado como ejemplo. Ahora iremos a denunciar que un grupo minoritario, Vox, quiebra el proyecto", expuso Andrés, quien vaticinó que la semana del 24 de octubre irán al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones, al Consejo Económico y Social europeo, etc.
Andrés justificó que "todo se desmorona por una cuestión ideológica" e hizo responsable de esta situación a Mañueco, que "solo responde por las consejerías del PP y no ante las de su socio de coalición". En este sentido, denunció que "no da soluciones": "Hemos tratado de establecer contactos con él, pero está aislado en su torreón y no responde ni ante los sindicatos ni a la patronal. Tenemos un problema de interlocución y no hay posibilidad de solución. Cada consejería toma sus decisiones y hay dos copresidentes".
Por ello, Vicente Andrés lamentó que Vox no se salga de su guion de que "se trata de acuerdos del anterior Gobierno y que no les vincula ni les obliga, a pesar de tener vigencia hasta 2024 y estar vivos". "La foto final está decidida por parte de ellos. Es un gran atropello y complica la convivencia con las consejerías del PP que sí aplican los acuerdos. Conviven dos modelos de relación", sentenció el líder de CCOO, quien dudó de su "sostenibilidad".
Entre los acuerdos que dependen de la Consejería que dirige Veganzones, además de los de inmigración y salud laboral, se encuentran los de prevención de riesgos, gracias al cual los sindicatos y patronal realizan cerca de 20.000 visitas anuales, orientación a los trabajadores, política a mujeres víctimas de violencia de género, o la Cátedra de la Universidad, entre otros. "Todos ellos están desahuciados", insistió, para reprochar que a Vox "esto le ha sabido a poco porque han continuado con el proceso de destruir desde dentro", como es el caso del calendario laboral o el SERLA, que no estaba inmerso en su decálogo inicial que presentaron en junio y "ahora plantean presupuesto cero". "Se han inmolado desde dentro", continuó Andrés, quien recordó que no hay gerente del Ecyl y "han desmontado" la Viceconsejería de Empleo. Al respecto, Temprano aclaró que también "han desaparecido" los jefes de negociado o interlocutores que la Consejería de Empleo tenía con los sindicatos para el registro de convenios y acuerdos.
En resumen, consideró que esta situación "desconocida, de inseguridad jurídica, de paz social quebrada, tribunales, crispación y quebrantamiento producido por el nuevo gobierno es el resultado de que un grupo minoritario destruya todo esto y Mañueco mire para otro lado". "Insistimos en que rompa el pacto con Vox, con los que destruyen la Comunidad, destituya a sus consejeros, gobierne en minoría y recupere pactos del Diálogo Social que tanto ha sujetado a la parte social", se despachó Andrés.
Por su parte, Faustino Temprano aseguró que "no se puede decir que el Diálogo Social no está en riesgo cuando la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha desaparecido en 2022". A día de hoy, insistió, hay 18 acuerdos vigentes y firmados derivados del Diálogo Social, que "ya estaban presupuestados con las cuentas de este año de la Junta", con lo cual "no es un problema económico", expuso Temprano, quien advirtió de que la conflictividad en Castilla y León se ha duplicado este año en relación a 2021. "Si no paran, no nos gusta estar en la calle, pero saldremos", pronosticó.
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