Los diputados nacionales del Partido Popular por la provincia de Ávila, Héctor Palencia y Patricia Rodríguez, han solicitado amparo a la presidenta del Congreso, Francina Arnengol, ante el "excesivo e injustificado retraso" del Ministerio de Transportes en remitir la información requerida por los parlamentarios acerca del proyecto de los dos tramos de la autovía A40 entre Maqueda (Toledo) y la capital abulense, y entre Ávila y el enlace con la A-6.

El pasado 2 de octubre, Palencia y Rodríguez reclamaron al Gobierno documentos, informes y comunicaciones, tanto internas como con empresas, organismos e instituciones sobre la contratación y resolución relacionadas con la segunda modificación del Estudio Informativo del tramo Ávila-Maqueda de la A-40, así como los relativos al tramo de conexión de la propia A-40 desde Ávila hasta el enlace con la A-6. Asimismo, requerían ambos expedientes administrativos. Sin embargo, el Gobierno "despachó el asunto el 13 de noviembre con una lacónica respuesta por escrito en la que nos dice que, debido al volumen de los expedientes solicitados no es posible facilitar una copia de estos", revelan los diputados abulenses.

El Ministerio de Oscar Puente ofreció la posibilidad de consultar los expedientes en la sede de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, solicitando cita previa en la Subdirección General de Planificación y Explotación, pero durante estos meses no ha fijado dicha cita pese a los "innumerables intentos" por los parlamentarios abulenses.

"Conocemos el estilo del Gobierno de Pedro Sánchez, destruyendo documentos y pruebas, o redactando expedientes fake a posteriori, así que es muy probable que el Ministerio pretenda ocultar información a los abulenses o bien inventarse documentos que avalen sus injustificados argumentos sobre este asunto clave para el futuro de nuestra provincia. Sin embargo, de entrada lo que está haciendo es obstaculizar la labor de dos representantes de la Soberanía Nacional que tienen derecho a acceder a esa información, como consagran la Constitución y el Reglamento de la Cámara", sostienen Palencia y Rodríguez, que consideran "intolerable la respuesta, pues la obligación del Gobierno es suministrar copia de la información solicitada y no pronunciarse sobre su volumen, ni decidir a partir de qué cantidad de folios y con qué criterios se puede considerar voluminosa o no. Lo único que debe hacer es dar las órdenes oportunas a quien corresponda para fotocopiarla y remitirla". 

Así, Palencia y Rodríguez esperan que la presidenta del Congreso "se dirija al Gobierno reiterándole su obligación constitucional de entregar inmediatamente toda la documentación requerida por los diputados del Grupo Popular".