La Guardia Civil ha detenido a nueve personas e investigado a otras ocho por su supuesta participación en la sustracción de 1.600 kg de cobre en la provincia de Ávila y Valladolid, en el marco de la denominada Operación Plácaro. Este grupo falsificaba diversa documentación para vender el material robado en una empresa de reciclaje en Madrid y está implicado en un vertido ilegal que afectó a una zona de alto valor ecológico situada en la ribera del río Jarama, en Madrid.

Los robos de cableado de cobre han afectado a infraestructuras como electrolineras, placas fotovoltaicas y estaciones de bombeo, ha explicado el Subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, quien ha resaltado que desde el pasado mes de noviembre se han detenido a 42 personas en territorio abulense por este tipo de delito.

El teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, Gustavo Dorda, también ha recordado que entre 2022 y 2024 ha habido 90 detenidos en cinco operaciones por este tipo de delincuencia llevada a cabo "por bandas organizadas con estructura criminal y sus funciones diferenciadas".

La Operación Plácaro comenzó el pasado mes de noviembre a raíz de varios robos ocurridos en una estación fotovoltaica situada en la localidad abulense de Adanero, en los que los autores emplearon maquinaria agrícola sustraída en una granja cercana para abrir varias arquetas de hormigón. La investigación reveló que detrás de estos hechos existía una organización criminal especializada en el robo de cableado de cobre que operaba en varias provincias de la geografía española. De hecho, se pudo vincular a este grupo con robos ocurridos en las plantas fotovoltaicas de Adanero y Langa, en tres estaciones de bombeo de agua de la Confederación Hidrográfica del Duero y en dos electrogasolineras, situadas en Simancas (Valladolid) y en el municipio abulense de Narros del Castillo.

Una vez cometidos los robos, la organización empleaba vehículos alquilados para transportar el material hasta la localidad madrileña de Mejorada del Campo, donde era vendido a una empresa de reciclajes. Este grupo criminal desempeñaba su actividad por medio de un claro reparto de tareas: mientras que cinco personas, de nacionalidad rumana, ejecutaban los robos y transportaban el material, otras dos, de nacionalidad dominicana y peruana, trabajadoras de la propia empresa de reciclajes, recepcionaban el material sustraído y falsificaban la documentación para realizar la venta.

Por otro lado, una octava persona, de nacionalidad española,  ajena a la empresa, mediaba entre la compañía y los autores materiales de los robos, cobrando diferentes comisiones. Por último, un noveno individuo implicado resultó ser el propio administrador de la empresa, también de nacionalidad española, que conocía de estos hechos delictivos. Otros ocho trabajadores de la empresa están siendo investigados por conocer esta actividad.

Finalmente, la Operación Plácaro culminó los pasados 10 y 12 de marzo, cuando los investigadores inspeccionaron la empresa de reciclaje y recogieron diversos indicios y pruebas, a la vez que se incautaron un total de 1.596 kg de cableado de cobre, de origen posiblemente ilícito. Un total de 17 personas han sido detenidas e investigadas como presuntas autoras de los delitos de robo con fuerza, hurto y uso de vehículo, receptación, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. En este momento no se descartan más detenciones.

Este grupo criminal se caracterizaba, según Juan José Vallejo, capitán jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, por la "violencia" que empleaba para acceder a los lugares, por la "huida" fuera de España cuando eran localizados y por su "movilidad geográfica", ya que, si bien el "centro de operaciones" se encontraba en Madrid, también actuaba en Ávila, Valladolid, Palencia y otras provincias de Extremadura, Aragón y el Levante español.

"Con el número de operaciones realizadas y su relevancia podemos decir que la Comandancia de Ávila lidera la lucha contra el roba de cobre", ha destacado Vallejo, tras poner en valor "la colaboración ciudadana y de las organizaciones agrarias" para esclarecer este tipo de delitos en el medio rural en la provincia de Ávila.

Vertido medioambiente

En el curso de la investigación se detectó un vertido ilegal en una zona de humedales de alto valor ecológico, situada en las proximidades del río Jarama, a la altura del término municipal de la localdiad madrileña de Velilla de San Antonio.

Este episodio de contaminación afectó a la Laguna del Soto, en una zona catalogada como especial en el Parque Regional del Sureste, una Reserva Natural de gran valor por su flora y su fauna.

Por este motivo, la Guardia Civil está realizando los informes preceptivos para tramitar las correspondientes sanciones administrativas en el ámbito medioambiental.