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El pasado 6 de noviembre, en el marco de la tertulia política Escaño Cero de Onda Cero Ávila, tuve la oportunidad de realizar una pregunta al alcalde. Pregunta que enmarqué en la necesidad de la existencia de un servicio específico municipal de violencia de género.
Atribuí esta necesidad a los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno en Ávila, que indican que uno de los delitos mayoritarios en Ávila es la violencia de género.
El señor Alcalde, que ni siquiera consideró ésta una pregunta reseñable, la derivó a su gabinete de comunicación, que contestó que ya se disponía de este servicio, al contar en el Ayuntamiento con "dos trabajadores sociales y un psicólogo, una casa de acogida y pisos tutelados".
Dos personas trabajadoras sociales que Por Ávila considera suficientes para: Atender 90 casos de violencia de género en lo que va de año; redactar el Plan de Igualdad para la ciudadanía; impartir cursos de sensibilización a la población; elaborar el Plan de Igualdad para la plantilla municipal (Spoiler: no); perder la subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género por falta de tiempo para elaborar la memoria de justificación; gestionar la casa de acogida (que solo cuenta con capacidad para 4 mujeres); gestionar los pisos tutelados; y organizar actividades en torno al 8M y 25N.
Esto demuestra, por un lado, el maltrato al que este equipo de Gobierno está sometiendo a la plantilla municipal. Debido a la sobrecarga de trabajo y a la nula intencionalidad por mitigar sus efectos (véase la falta de RPT actualizada). Y la falta de voluntad por destinar medios y recursos a acabar con este problema social que atraviesa también a la ciudad de Ávila, la violencia de género.
Pero mi pregunta es, ¿son estas decisiones, en materia de violencia de género, una imposición por parte del grupo negacionista Vox o simplemente Por Ávila está mostrando su verdadera cara en temas sociales, ahora que el ala dura del partido se ha hecho con el mando?
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