Estructuras y Políticas Agrarias (II)

Siguiendo hoy con las estructuras y políticas agrarias, veremos cuáles eran los obstáculos a remover en la agricultura, especialmente según el “Informe sobre la Ley Agraria”, en el que Jovellanos (1804) estudió la cuestión de manera sistemática. En lo que fue una pieza de análisis cabal, hecha con gran belleza en el idioma y extraordinaria precisión en los detalles más nimios. Por lo demás, se completa la sesión de hoy con el comienzo de la acción desamortizadora en el siglo XIX, especialmente impulsada por el ministro Juan Álvarez Mendizábal desde 1836. Una operación que cambió la faz de la distribución de la tierra en España, con numerosas consecuencias que iremos analizando.

LOS OBSTÁCULOS A REMOVER EN LA AGRICULTURA DEL SIGLO XVIII

Olavide, Aranda, Floridablanca, Campomanes, Jovellanos y Cabarrús estudiaron los problemas agrarios, con propuestas decididamente desamortizadoras, que tuvieron su reflejo legislativo en ciertas pragmáticas de Carlos III, publicadas en los años 1765 a 1770, en virtud de las cuales se realizaron los primeros repartos de tierras procedentes de las 'manos muertas', y se pusieron los primeros frenos a los derechos de acumulación de los propietarios.

Pedro Rodríguez de Campomanes (1723- 1802). Ministro de Carlos III, tuvo un destacado papel en la modernización de la economía española y en su Administración. Verdadero creador de los modernos correos, también se debe a él la primera oleada de desamortizaciones.

En el estudio de los problemas de la agricultura, Olavide se distinguió por su Informe[1], Floridablanca por su Respuesta fiscal en el expediente de la provincia de Extremadura (1770), y Campomanes por su Memorial ajustada de 1771. Pero fue Jovellanos quien, con su Informe sobre la Ley Agraria (1785), abordó la cuestión rural en su generalidad, para enfrentarse con una serie de estorbos a la mayor explotación de la riqueza agraria. Era preciso, por tanto, remover esos obstáculos, que eran de tres clases: políticos o derivados de la legislación, morales o provenientes de la opinión, y físicos o resultantes de la naturaleza. Los estorbos políticos eran los más difíciles de resolver, y, sin embargo, aquellos sobre los que cabía actuar más rápidamente.

• La gran extensión ocupada por los baldíos, esto es, por las tierras que a lo largo de la Reconquista se entregaron a los ganaderos y que no podían ser cultivadas.
• El exceso de tierras concejiles (comunales y de propios), en general mal administradas.
• La abertura de las heredades, privilegio de la Mesta, que consistía en la obligación de ceder el pasos y descansaderos al ganado por las fincas privadas en determinadas épocas del año para facilitar la transhumancia.
• Los excesivos privilegios de todas clases que disfrutaba la Mesta.
• La amortización civil y eclesiástica que encarecía las tierras por la escasa superficie susceptible de compraventa.
• Los obstáculos a la libre circulación de los productos de la tierra, y, finalmente por las aduanas interiores y los impuestos municipales.
• Las excesivas cargas tributarias que sufrían los pequeños campesinos.

Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), el más popular de los ilustrados españoles, como Ministro de Carlos IV –perseguido por Godoy que le encarceló durante años— se ocupó de la Educación y de la Agricultura; suyo es el Dictamen sobre la Ley Agraria (1784).

En la exposición de todos estos estorbos políticos, Jovellanos en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, hizo la más completa descripción del sistema, prácticamente feudal, en que se debatía el campo español a fines del siglo XVIII. Y las medidas que para afrontar esa situación propuso el insigne ilustrado asturiano, constituían las verdaderas bases de una reforma agraria burguesa e individualista, cuyo contenido puede resumirse en pocas palabras: enajenación de los baldíos, que, dedicados al cultivo de forrajes, sobrarían para alimentar una ganadería mucho mayor y mejor; enajenación, asimismo, de las tierras concejiles para entregarlas al interés individual, que obtendría de ellas mucho mayor fruto; derecho de cercamiento de fincas, para evitar el paso del ganado; disolución de la Mesta, para hacer posible la expansión de la agricultura, y de la ganadería estante; desamortización, mediante la enajenación de los bienes de las 'manos muertas', a fin de abaratar las tierras y hacer más rentable la agricultura; libertad de comercio de los productos agrícolas, y revisión de la situación tributaria[1].

Esas y otras propuestas de Jovellanos (proyectos de enseñanza técnica, regadíos, comunicaciones, etc.) constituían un verdadero programa agrario, cuyo enunciado se puede decir que puso punto final a la polémica de la España de la Ilustración sobre los problemas del campo. Si en los medios oficiales el impacto inmediato del Informe fue escaso[2], en los prohombres liberales que años más tarde habían de integrar las Cortes de Cádiz, su influencia fue muy grande. Toda la subsiguiente política desamortizadora, tristemente el lado más fácil del programa ilustrado, llevó la impronta de Jovellanos, y todavía hoy la lectura del Informe está llena de interés, por la claridad con que en un idioma de la más alta calidad, supo exponer problemas cuyas consecuencias aún estamos viviendo.

Juan Álvarez Men­dizábal (1790-1853). Uno de los más significados políticos de la revolución burguesa en España. Fue el promotor de la principal desamortización, de los bienes eclesiásticos (1836), en la idea de conseguir ingresos para la Hacienda Pública, ampliar los cultivos, y fortalecer el régimen liberal con nuevos terratenientes.

ACCIÓN DESAMORTIZADORA DEL SIGLO XIX

Las ideas que sobre la desamortización se habían ido formando en el siglo de la Ilustración, habían de encontrar su desarrollo durante el XIX, a lo largo de la lenta revolución burguesa española.

Como es sabido, buena parte de los dirigentes de la España que luchó contra la invasión napoleónica estaban empapados en las doctrinas de la propia Revolución francesa, y ese naciente liberalismo español encontró precisamente en la desamortización una de sus banderas, que había de mantener en alto desde las Cortes doceañistas de Cádiz hasta la revolución de septiembre de 1868.

Sesenta años duró la desamortización; operación larguísima, compleja, que siguió los bruscos y continuos vaivenes de la azarosa y desorientada vida política española del XIX. Una operación que en Francia había realizado la Convención en pocos años, creando una burguesía campesina adicta a la causa revolucionaria, costó en España sesenta años, y al final resultó que con ella se aumentó el poder de buena parte de los antiguos terratenientes y se enriqueció aún más a una burguesía nada liberal[1].

Hasta el próximo viernes, como siempre, los lectores de Tribuna pueden conectar con el autor en castecien@bitmailer.net.

[1] El Informe sobre la Ley Agraria, de Olavide, fue editado por primera vez, por entero y mencionado el nombre de su autor, por Ramón Carande Thovar en el Boletín de la Real Academia de Historia, octubre-diciembre 1956, tomo CXXXIX, cuaderno II. La repercusión del Informe de Olavide, no obstante sus méritos y el realismo de muchos de sus pasajes, fue —por falta de difusión debida al encarcelamiento que su autor padeció por orden de la Inquisición— mucho menor que la del Informe de Jovellanos.

[1] Gaspar Melchor de Jovellanos, Informe sobre la Ley Agraria, en Biblioteca de Autores Españoles, tomo L, Madrid, 1952 (págs. 79 a 139). En 1955, el Instituto de Estudios Políticos publicó una reimpresión del Informe, prologada por Valentín Andrés Alvarez.

[2] Es de gran interés la lectura del trabajo El informe sobre la Ley Agraria y la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, de Gonzalo Anes Alvarez, publicado en el volumen I del «Homenaje a don Ramón Carande» (Madrid, 1963, págs. 23 y sigs.), donde se relata minuciosamente cómo se promovió (en 1766) el expediente de la Ley Agraria, así como numerosos incidentes que se sucedieron hasta que el Informe de Jovellanos vio la luz (1795). En el transcurso de esos veintinueve años (1766-1795) sucedieron tantas cosas —muerte de Carlos III y de Campomanes (promotor del movimiento de reforma agraria), Revolución Francesa y reforzamiento de la reacción en España—, que la publicación del Informe no tuvo ninguna repercusión favorable inmediata; por el contrario, a los dos años de publicarse fue denunciado como anticlerical. Bajo Fernando VII aún se fue más lejos: en 1825, el Informe fue incluido en el índice romano de libros prohibidos, donde todavía permanecía en 1877.

[1] La desamortización fue, según Costa, la «gran ocasión perdida» para crear en España una robusta clase media campesina, una burguesía que hubiera sido la base y sostén de un régimen democrático (vid. Joaquín Costa, La tierra y la cuestión social, Madrid, 1912 págs. 14 y 15). En el mismo sentido se pronuncia Claudio Sánchez Albornoz en La Reforma Agraria ante la Historia, Madrid, 1932, págs. 85 y 86.