PSOE califican de "opaca" la ejecución de distintas obras de depuración en la provincia

Ha solicitado información sobre el cumplimiento de cuestiones contempladas en la ley, al respecto de la construcción de varias infraestructuras

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PSOE califican de "opaca" la ejecución de distintas obras de depuración en la provincia
La procuradora socialista, Soraya Blázquez ( Fotografía: Archivo)
Sonsoles  Caro
Sonsoles Caro
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La procuradora socialista, Soraya Blázquez, ha calificado de "opaca" la ejecución de distintas obras de depuración en la provincia de Ávila, y ha solicitado información sobre el cumplimiento de cuestiones contempladas en la ley, al respecto de la construcción de varias infraestructuras.

Asimismo, Blázquez ha manifestado su "desconfianza en el proceder de la Junta de Castilla y León".

Debido a ello, ha trasladado, en la Comisión de Medio Ambiente de las Cortes, mediante una Proposición No de Ley en la que solicita información sobre las estaciones depuradoras de Burgohondo, Langa, Serranillos y Hoyos del Espino.

"En todas ellas, se aprecian errores de bulto sobre los que no se nos ha dado respuesta", ha dicho la procuradora socialista que se ha referido, por ejemplo, a que "los estudios geotécnicos no contemplan el total de las parcelas de construcción de las depuradoras".

Según Blázquez, "esta opacidad de la Junta de Castilla y León sólo tiene unos damnificados que son los ciudadanos de esta comunidad, en este caso, los abulenses que, pese a los anuncios grandilocuentes en prensa, no van a tener estas infraestructuras en servicio, en tiempo y forma".

Además, la procuradora socialista ha calificado de "poco fiable" el proceso de ejecución de depuradoras por parte de la Junta de Castilla y León con cargo a los fondos europeos y sostiene que "se trata unas infraestructuras esenciales para garantizar la calidad del medio ambiente y cumplir con los inalienable es objetivos de la Agenda 2030, a lo que estamos obligados, solidaria y legalmente. Sin embargo, la falta de planificación adecuada y el desmantelamiento de la administración pública por parte de la Junta de Castilla y León sitúa toda esta tramitación y ejecución en una flagrante inseguridad jurídica que puede ocasionar graves consecuencias legales, económicas y medioambientales".

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