Denuncian la aprobación de un "protocolo de la inseguridad" para gestionar incendios en la provincia

Desde el Grupo Socialista en la Diputación de Ávila insisten en lmanifestar una "enorme preocupación" por la situación derivada de la inexistencia actual de un convenio de colaboración con los Bomberos de la ciudad de Ávila. Denuncian además que este hecho, que valoran como "un ejercicio de irresponsabilidad institucional sin precedentes", se ha visto agravado por la elaboración de un presunto protocolo de activación de estos efectivos por parte del Partido Popular en la Diputación Provincial.

El PSOE afirma que este protocolo se ha establecido por decreto del día 30 de diciembre de 2024, sin el conocimiento ni colaboración del resto de fuerzas políticas en la Institución, y aprovechándose además por el equipo de gobierno para externalizar a una empresa privada un servicio de comunicaciones y de activación de los bomberos de la capital.

"No alcanzamos a comprender por qué ha de contratarse con una empresa privada un servicio que ya se venía prestando por el 112 con profesionales perfectamente formados y con amplia experiencia en la gestión de emergencias. De hecho, consideramos que se trata de una duplicidad de actuantes en situaciones en que se requiere rapidez y eficacia, como son la emergencias; duplicidad que sólo puede ocasionar problemas", afirma el diputado provincial Raúl Blanco.

Afirman además que este protocolo "contiene auténticos despropósitos", estableciéndose que el mando de la intervención "será asumido por el primer interviniente".

"Como pusimos de manifiesto en la Comisión de Acción Territorial celebrada ayer, el primer interviniente puede ser un voluntario de Protección Civil y endosarle esta responsabilidad, y eso no sólo es contrario a la ley, sino peligroso para los propios voluntarios y para las personas afectadas por la emergencia", subraya Blanco.

El diputado de la Zona de Ávila explica que el mando siempre debe ser asumido por profesionales del Cuerpo de Bomberos que serán auxiliados por voluntarios, "cuya labor es encomiable, pero que no merecen ser confundidos, ni en su responsabilidad, ni en su seguridad, con los agentes profesionales".

Los socialistas argumentan que el equipo de gobierno lo sabe, pero "deliberadamente y por motivos que no alcanzamos a entender, utiliza en el protocolo las expresiones 'agentes colaboradores en la extinción' o 'Bomberos voluntarios' figuras que no existen en el ordenamiento jurídico".

A juicio de los socialistas, este protocolo provoca una profunda inseguridad, y no solo jurídica, a la población de la provincia, cuya protección y la de sus bienes "nunca deberían ser objeto de trifulcas e intereses partidistas, y cuyo interés debe primar sobre cualquier otra valoración". Entienden que dicha inseguridad también se extiende a los profesionales y voluntarios que intervienen en los siniestros, cuya integridad debe ser preservada.

"Este despropósito, fruto de la improvisación cuando no del desconocimiento, debe ser objeto de una profunda revisión de manera urgente, estableciendo con claridad cuáles son las competencias de todos los implicados en la gestión de una emergencia, evitando duplicidades y agilizando los tiempos de respuesta", sostienen.

Por ello, desde el Grupo Socialista solicitan la conformación de una Mesa en la que se sienten las instituciones y los profesionales del sector, que funcione como un foro permanente donde se establezcan con rigor y seriedad cuáles deben ser los procedimientos a seguir en todo momento en la gestión de emergencias, todo ello en virtud de la prestación del mejor de los servicios para los ciudadanos de la provincia.