El Gobierno buscará aprobar en 2025 la ley que limita el papel de las acusaciones populares

El Gobierno quiere que 2025 sea el año de la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), una norma que sustituirá a la actual, que data de 1882, y que limitará el papel de las acusaciones populares, además de atribuir a la Fiscalía la instrucción de las causas penales.

Un deseo que ha expresado en rueda de prensa el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien se ha referido al papel de las acusaciones populares, una figura que también se regulará en la Lecrim para limitar su papel, publica EFE. 

Y aunque no ha querido adelantar en qué sentido se limitará, sí ha asegurado que en la actualidad "claramente se está pervirtiendo el espíritu de la acusación popular por las organizaciones ultraderechistas, a las que no les importa nada perseguir el delito y esclarecer los hechos, porque lo que quieren es perseguir a personas progresistas y a sus familias".

"Es un asunto que tenemos que analizar y cuando tengamos respuesta, la explicaremos adecuadamente", ha indicado el ministro.

Bolaños ha hecho balance de las actuaciones de su departamento y ha calificado 2024 como el "gran año de la transformación de la Justicia", porque se han puesto las bases con reformas estructurales para una Justicia más eficaz y ágil.

Se trata, ha insistido en declaraciones publicadas por EFE, de la "mayor transformación de la Justicia en décadas" para hacerla también "más digital, más cercana, también a las víctimas del delito, y con vocación social".

En esa línea quiere seguir el ministerio que dirige Bolaños en 2025, un año en el que crecerán las becas para acceder a la carrera judicial y fiscal, así como el número de beneficiarios.

Ley de amnistía

Otro deseo que el ministro ha expresado en la rueda de prensa es la aplicación "plena" de la ley de amnistía, tal y como lo decidió el Congreso de los Diputados cuando la aprobó.

Ha recordado que esa norma se ha aplicado ya a docenas de personas, aunque existen otras resoluciones judiciales en contra de esa aplicación pero que están pendientes de los recursos presentados.

Precisamente, este es el caso de los líderes del procés, cuyos recursos están pendientes de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo.

"Espero que los recursos acaben dando lugar a la aplicación plena de la ley", ha concluido.