"Las casi 900 empleadas del hogar que trabajan en nuestra provincia tienen desde la pasada semana más garantías para que se respeten sus derechos laborales". Así de rotundo se ha expresado el diputado del PSOE abulense, Manuel Arribas, en referencia a la aprobación del Real Decreto 893/2024 por parte del Consejo de Ministros el pasado 10 de septiembre.

Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Ávila cuenta con 878 personas afiliadas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, de las que el 94% son mujeres. En cuanto a la edad de las mismas, casi la mitad de ellas tiene más de 55, siendo la franja de edad entre 45 y 54 la segunda más numerosa. En cuanto al número de hogares con servicio doméstico en la provincia abulense, la misma fuente indica que son 3.001.

Con la nueva normativa, las personas que trabajan en hogares de la provincia cuentan con una protección integral en términos de salud y seguridad laboral, haciendo hincapié en lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales. Al respecto, Arribas ha recordado que "a partir de ahora las mujeres que desempeñan estas labores podrán someterse, por ejemplo, a reconocimientos médicos voluntarios y gratuitos que se realizarán a través del Sistema Nacional de Salud, de forma que las familias empleadoras no tendrán que asumir ningún coste".

Además, otro avance de calado tiene que ver con la formación preventiva que deberán recibir y que "tampoco supondrá coste algún para quienes las contratan, pues se encargará de aportarla el Servicio Público de Empleo (SEPE)". Asimismo, el parlamentario socialista ha enumerado otras mejoras con respecto a la normativa anterior como la elaboración de una herramienta gratuita para facilitar a las personas empleadoras el cumplimiento de las obligaciones relativas a la evaluación de riesgo; la puesta a disposición de una Guía Técnica para la prevención de los restos laborales en el trabajo doméstico; y la de un Protocolo en caso de acoso laboral.

Equipos de trabajo

"Todos ellos serán elaborados por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo", ha puntualizado Arribas. Lo que sí deberán proporcionar las familias son equipos de trabajo adecuados para el desempeño de sus funciones y adoptará las medidas necesarias para que su utilización pueda efectuarse de forma segura. "El Gobierno ha querido poner los instrumentos públicos del Estado al servicio de un colectivo con el que nuestro país tenía una deuda pendiente", ha afirmado Arribas.

Para el diputado socialista, "con esta norma, se pone fin a un agravio histórico que otorgaba a los cuidados y al trabajo en el hogar como un papel secundario, infravalorado en términos económicos y sociales. Además, me gustaría destacar que la norma ha contado con el diálogo con las organizaciones sindicales y plataformas representativas del sector".