Carles Puigdemont da por hecho que vuelve y será detenido: Su panorama judicial

Más de seis años después de huir del país en el prólogo judicial del 'procés', el expresidente catalán Carles Puigdemont ha asumido que puede ser detenido si, como ha mantenido este sábado, vuelve a España, donde el Tribunal Supremo mantiene viva su orden de arresto tras rechazar aplicarle una amnistía que negoció su partido.

Un día después del visto bueno de las bases de ERC al acuerdo para proclamar president al candidato socialista Salvador Illa y con el voto en el aire de una diputada de las juventudes de la formación republicana, Puigdemont ha reafirmado su intención de regresar a Cataluña si se celebra la sesión de investidura en el Parlament. "Sé que mi retorno puede comportar la detención e ingreso en prisión, quién sabe por cuánto tiempo", ha dicho el también líder de Junts en una carta en la red social X.

Si pisa territorio nacional, Puigdemont será detenido y puesto a disposición del juez del Supremo Pablo Llarena tras muchos años intentando que responda ante la Justicia por su papel en el proceso independentista que encabezó desde su Govern en 2017.

El expresident podría plantear un 'habeas corpus' contra esa detención al considerarla ilegal, aunque las fuentes consultadas por EFE ven poco recorrido a esa estrategia.

Salvo sorpresas, lo habitual es que el magistrado le interrogue y decida si hay motivos para enviarle a prisión, y el riesgo de fuga por haber estado huido todo este tiempo no juega a su favor, teniendo en cuenta además que el delito por el que sigue procesado, malversación, podría traducirse en hasta 12 años de cárcel.

Para decretar la prisión, alguna de las partes personadas en el procedimiento debe pedírselo al juez, algo que se da por hecho al ser Vox acusación popular.

Consciente de ello, el expresident podría tratar de evitarlo con la ley de amnistía como principal argumento pues, aunque el juez ha considerado que la norma no cubre la malversación que le atribuye, esa decisión no es firme; hay todavía una cadena de recursos pendiente, con un horizonte claro: el Tribunal Constitucional (TC) y la Justicia europea.

Vulneración de su derecho a la libertad ante el TC

La falta de firmeza de la resolución del juez sobre la amnistía puede ser una de las bazas de Puigdemont para defender que su derecho fundamental a la libertad se vería vulnerado si entra en prisión y después un tribunal superior acaba dándole la razón y aplicándole el perdón.

Por el momento, la tesis del juez Llarena está recurrida ante él mismo y las posibilidades de que ese recurso triunfe son muy remotas. Después, la defensa de Puigdemont que ejerce el abogado Gonzalo Boye debería acudir a la Sala de Apelaciones para, ya sí, llamar a la puerta del TC.

Encima de la mesa está la opción de que Puigdemont solicite una medida cautelarísima ante el TC para que, mientras se resuelve si se le acaba aplicando la amnistía, la decisión del juez Llarena no le genere un perjuicio en cuanto a pérdida de libertad, es decir, que no se ejecute su detención o posible entrada en prisión, explican a EFE fuentes jurídicas.

Un escenario "complicado" ya que, según las fuentes consultadas, el agotamiento de la vía jurisdiccional, es decir, la resolución de los recursos, es un requisito para que el Constitucional admita a trámite ese eventual recurso de amparo de Puigdemont, aunque -recuerdan- el tribunal tendría que estudiar si plantea "algún argumento admisible".

Otras fuentes deslizan que hay debate sobre la posibilidad de que el tribunal resuelva sobre unas medidas cautelarísimas antes de decidir si se admite a trámite un recurso, una tesis poco habitual que tiene fuertes detractores en el seno del TC.

La encargada de decidir sobre ese posible recurso sería la Sala de Vacaciones, integrada en agosto por mayoría de magistrados progresistas, aunque siempre existe la posibilidad de que el presidente, Cándido Conde Pumpido, convoque un pleno extraordinario, algo que no es descabellado dada la importancia del asunto.

El 'procés' sigue siendo el principal frente de Puigdemont

La causa judicial del 'procés' que le persigue desde 2017 y por la que parte de su Govern fue juzgado e indultado sigue siendo el principal frente judicial de Puigdemont.

Ha tenido otros. A las puertas de la aprobación de la ley de amnistía, el expresident resultó imputado por un presunto delito de terrorismo en el marco de las protestas atribuidas a la plataforma Tsunami Democrátic en el otoño de 2019 en Cataluña.

Sin embargo, un error del juez a la hora de prorrogar las pesquisas dio lugar a una inesperada nulidad que acabó derribando ese procedimiento, ya archivado.

En torno al expresident sobrevuela también el caso Volhov sobre la supuesta injerencia rusa en el 'procés' que ha investigado un juez de Barcelona, quien hace unas semanas pidió al Supremo imputarle por delitos de traición, malversación y organización criminal.

Pese a la incertidumbre inherente a la historia judicial del 'procés' y aunque las fuentes recalcan que "todo está en el aire", tienen pocas dudas de que la vuelta de Puigdemont dará lugar a una imagen que el expresident lleva tratando de evitar casi siete años: su detención y traslado ante el juez del Supremo que ha esquivado desde 2017.