El pasado 23 de julio la ciudadanía ejerció el poder de forma igual y directa, votó.

Así es como nos hemos otorgado el ejercicio de la política como pueblo soberano en democracia. Los resultados, con un aumento considerable de la participación, se antojaron plurales, como lo es España. El tiempo del bipartidismo y del turno, con el apoyo de los nacionalismos periféricos, ha quedado atrás definitivamente.

Desde aquel momento hemos asistido a un camino largo hasta la reciente investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Un camino normal y lógico en nuestra democracia, entre otras cosas, porque ha respondido a la ley y a las normas constitucionales establecidas democráticamente para la conformación de un gobierno: resultados electorales, consultas al Jefe del Estado, propuesta de investidura a partir de las posibilidades reales de acuerdo, encargo para la formación de gobierno, debate de investidura y aprobación si procede.

A esto hemos asistido en dos ocasiones. No porque pueda considerarse un error el primer intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, sino porque así está establecido, y así es como debe hacerse, a través de las reglas de las que nos hemos dotado en nuestra democracia moderna y avanzada.

Sin embargo, también hemos asistido a un intento desesperado de la derecha y la extrema derecha por intentar hacer creer a los españoles que todo lo que estaba ocurriendo no era justo. Feijóo y los representantes del PP, por todo el país, han repetido hasta la saciedad que quien debía gobernar era el partido más votado porque había ganado las elecciones. En un intento deliberado de engaño al conjunto de la población, la derecha ha tratado de imponer un relato falso que no se corresponde con la realidad.

España es un sistema democrático parlamentario. Esto significa que los ciudadanos cuando votan, como pueblo soberano, eligen a sus representantes en las Cortes Generales, y éstas, a través de los Diputados y Diputadas que ocupan el Congreso, eligen, previo debate de investidura al Presidente del Gobierno. Esto es así porque lo dice la Constitución Española y porque España no cuenta con un sistema democrático presidencialista.

No conformes con ello, y una vez demostrado que Feijóo no contaba con el apoyo suficiente para ser investido, la derecha y la extrema derecha optaron, a la desesperada, por activar todos los recursos a su alcance para tratar de impedir la conformación de gobierno, hasta el punto de activar, permitir y no condenar expresamente, las acciones violentas y antidemocráticas a las que hemos asistido durante varios días en las calles en las últimas semanas.

Todo lo argumentado, escrito y difundido en relación con la Ley de Amnistía ha sido solo la excusa para demostrar que lo que realmente le pasa a la derecha y la extrema derecha es que no han aceptado el resultado de las últimas Elecciones Generales. Simplemente porque no se han cumplido las expectativas, que ellas mismas habían generado sobre sus posibilidades de alcanzar el gobierno de España, a través de las múltiples encuestas elaboradas por sectores mediáticos interesados en su mismo objetivo: acabar con el gobierno progresista. Es decir, unas y otros, no aceptan el sistema democrático del que nos hemos dotado.

Más allá de la inflamación de los discursos, del tono desmedido de no pocos actores políticos, de la intencionalidad de varios medios de comunicación, o de la intervención directa en política de una parte de la judicatura; lo cierto es que se ha impuesto la voluntad del soberano.

La ciudadanía que votó el 23 de julio lo hizo con un mandato expreso y explícito: desde nuestra voluntad ejercida en libertad, desde nuestras opciones políticas plurales y diversas, les mandatamos, como representantes que han sido elegidos democráticamente por nosotros y nosotras, a ponerse de acuerdo para gobernar España.

Desgraciadamente las derechas se han instalado en el peligroso camino de la involución democrática y de la antipolítica. Van a utilizar la mentira y la violencia como herramientas para desarrollar su estrategia de crispación y desestabilización social, utilizando todos los medios a su alcance y buscando el enfrentamiento en su empeño por revertir en la calle lo que no han conseguido en las urnas.

El gobierno de progreso tiene un programa político de acción, puede diseñar una estrategia comunicativa mejor y más amplia que la desarrollada hasta ahora, y debe desplegar cuanto antes una agenda social que consolide y amplíe las mejoras materiales conseguidas en la legislatura anterior. Todo ello para contrarrestar el ruido y las intenciones antidemocráticas de PP y Vox.

El ciclo electoral y de gobierno que ahora comienza será intenso, cargado de diálogo y de negociación permanentes para afrontar las próximas elecciones europeas y autonómicas. Un tiempo lleno de aparentes sobresaltos, pero también de pasos firmes y seguros desde la ejecución de los acuerdos políticos y programáticos.

Un tiempo decisivo para que, también desde los espacios socialmente organizados y cercanos al gobierno de coalición, se contribuya, en positivo, a la consolidación de las agendas políticas económicas, sociales, sindicales, feministas y ecologistas.

Afrontamos una etapa más de crecimiento democrático para una España que avanza y se consolida, aunque les pese a los nostálgicos de siempre.