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La supresión del impuesto de donaciones ahorra 8,7 millones de euros a 2102 contribuyentes abulenses

Según datos aportados por la Junta de Castilla y León

La supresión del impuesto de donaciones ahorra 8,7 millones de euros a 2102 contribuyentes abulenses
Plaza de Santa Teresa. (Archivo)
Edgar Palomo Martín
Edgar Palomo Martín
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La supresión del impuesto sobre donaciones ha ahorrado 8,7 millones de euros a un total de 2102 contribuyentes, según datos de la Junta de Castilla y León. En datos regionales son 218 millones de euros los que se han ahorrado  casi 30.000 contribuyentes de Castilla y León desde su entrada en vigor en mayo de 2021.

Por ello, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado en Burgos que se trata de una bonificación del 99 por ciento del tributo para familiares directos, manteniendo únicamente un uno por ciento a efectos de control. Una medida, según ha explicado, ha supuesto un beneficio medio en donaciones de algo más de 7.300 euros para los contribuyentes castellano y leoneses, en un volumen total de donaciones superior a 1.444 millones de euros.

Por provincias, además de Ávila han sido 4.506 contribuyentes los beneficiados en Burgos, por un importe de 33 millones de euros; y 5.429 en León, con un ahorro de 43,6 millones de euros.

Por su parte, 2.021 contribuyentes palentinos han ahorrado 14,2 millones de euros; 3.725 de Salamanca se han ahorrado 37,8 millones de euros y 2.280 de Segovia, 15,3 millones de euros, que se suman a los 46,5 millones de euros ahorrados por 5.877 contribuyentes de Valladolid y once millones de euros de 2.445 zamoranos.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

A juicio del consejero de Economía y Hacienda, estos datos demuestran que la eliminación de este impuesto ha contribuido al crecimiento económico, a la mejora del bienestar de los ciudadanos y al incremento de las bases imponibles en otros tributos.

Además, con esta medida se estimula la demanda interna al generar una mayor disponibilidad de rentas a los contribuyentes de Castilla y León; se incentiva la actividad económica y la inversión, incrementando el consumo por el aumento de la renta disponible para la economía familiar; y se favorece el crecimiento económico y la creación de empleo.

Castilla y León se ha convertido así en la autonomía que más ha avanzado en 2021 en el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, consolidando su posición el pasado año, escalando siete puestos en el ranking nacional, solo por detrás de Madrid, País Vasco y Canarias.