Se marca como el punto donde germinó la semilla que dio lugar a la vinculación de Ávila y Asturias a través de la Educación
¿Por qué no se implementan las medidas aprobadas para mejorar la seguridad en los centros escolares?
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ávila solicita su puesta en marcha en los entoros de los colegios de la capital abulense.
Europa demanda aire más limpio y la reducción drástica de las emisiones, tanto de gases tóxicos derivados del tráfico, como de emisiones de gases de efecto invernadero y de ruidos en los entornos escolares, en el marco de una campaña denominada ‘Calles Abiertas’.
El Grupo Municipal Socialista ha lamentado que “Ávila no haya avanzado nada en este sentido. Incluso, en nuestra ciudad hemos dado pasos atrás”, tras recordar que “el proyecto de Caminos Escolares Seguros ha quedado relegado a unas cuantas señales testimoniales, mientras que la propuesta socialista aprobada en pleno para implantar zonas de stop and go en los entornos escolares no se ha desarrollado en absoluto”.
“La ocupación del espacio público por los coches impide acceder a la escuela de forma autónoma y segura, obligando a los niños y niñas a enfrentarse cada día a la amenaza del tráfico rodado y el caos de coches que se genera en los aledaños de los colegios de la capital”., explican desde el PSOE.
Los concejales socialistas insisten en la urgencia de actuar “no sólo para mejorar la seguridad que es prioritaria sino para fomentar la autonomía de los escolares y para cumplir con los preceptos de la Agenda 2030 y la implantación de Zonas de Bajas Emisiones que las ciudades han de tener listas antes de 2023”.
“Sin duda, a nuestro juicio, los entornos escolares han de ser espacios de especial protección en esas Zonas de Bajas Emisiones”, han dicho los ediles del PSOE, quienes instan al equipo de Gobierno a "trabajar, activamente, en este sentido".
ADELANTO PAC
Por otro lado, la Comisión Europea ha iniciado la pasada semana el procedimiento para autorizar el incremento del anticipo de las ayudas de la PAC de 2022, del que se beneficiarán más de 3.400 agricultores y ganaderos de la provincia de Ávila. “Un anticipo que podrá alcanzar hasta el 70 por ciento en las ayudas directas y hasta el 85 por ciento en las medidas de desarrollo rural y que se podrá solicitar en Castilla y León hasta el próximo 15 de mayo”, según ha precisado el diputado socialista, Manuel Arribas.
La decisión del órgano comunitario ha sido valorada de forma “muy positiva” por parte del parlamentario del PSOE de Ávila en el Congreso, “porque estamos hablando de un adelanto de casi 3.400 millones de euros para un sector que en nuestra provincia representa en torno al 10% del PIB”.
La petición formulada por el ministro Luis Planas a las instituciones europeas, que supone aumentar 20 puntos con respecto al 50% que establece la normativa comunitaria, tiene “un objetivo muy claro”, en palabras de Manuel Arribas: “Sabemos que el sector pasa momentos muy complicados y gracias a este adelanto se dota de mayor liquidez a las explotaciones y es vital para los agricultores y ganaderos ya que contribuirá a paliar los efectos adversos derivados de la guerra en Ucrania, entre ellos el incremento de costes de energía y de materias primas”.
El representante de los socialistas abulenses en la Cámara Baja ha incidido en la sensibilidad del Gobierno con el sector primario: “Desde que Pedro Sánchez asumió la Presidencia del Ejecutivo, los agricultores y ganaderos de nuestro país y de nuestra provincia han podido percibir su talante negociador y de mano tendida, una actitud que ha sido también la que siempre ha mantenido el ministro Planas”.
En opinión de Manuel Arribas, fruto de esa escucha activa se han llevado a cabo importantes acciones “que han permitido sentar las bases para transformar, modernizar e impulsar el crecimiento económico sostenible, su digitalización y la cohesión territorial”. Así, se ha referido al PERTE para el sector agroalimentario, con una inversión inicial de 1.000 millones de euros hasta 2023; la aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria, que impide la venta a pérdidas o las promociones comerciales que puedan inducir a error o banalizar los productos; o la negociación de una nueva PAC para el periodo 2023-2027, que beneficiará a cerca de 700.000 agricultores y ganadores e impulsará una política agraria “más justa, social y sostenible”.