La segunda cifra más baja de la última década: La pandemia redujo en 2020 las manifestaciones en la comunidad más de un 26%

La pandemia y los meses de confinamiento redujeron el pasado año las manifestaciones en la Comunidad más de un 26 por ciento, al pasar de las 1.997 de 2019 a las 1.473, la segunda cifra más baja de la última década, sólo por detrás de las 1.425 contabilizadas en 2017. La caída fue algo inferior a la registrada en el conjunto de España, donde el descenso se situó 29,6 por ciento, hasta las 22.449.

 

Como en los últimos años, asociaciones ciudadanas volvieron a ganar el protagonismo en la calle a los sindicatos y fueron las responsables del 46,8 por ciento de las manifestaciones convocadas en Castilla y León. En concreto, estos colectivos organizaron 690 concentraciones, el 46,8 por ciento del total, mientras que los sindicatos estuvieron detrás de 377 concentraciones (25,5 por ciento). Los comités de empresa convocaron 45 y el resto, 332, las organizaciones sindicales.

 

Después de asociaciones ciudadanas y sindicatos, pero a mucha distancia, se encuentran los partidos políticos, que el pasado año llamaron a la movilización ciudadana en 84 ocasiones (5,7 por ciento), los grupos independentistas (10), las asociaciones ecologistas (7) y los colectivos de estudiantiles (5).

 

Tras el récord alcanzado en 2012, donde la conflictividad laboral, los recortes y el movimiento 15-M dispararon el número de manifestaciones convocadas en Castilla y León hasta las 3.124, esta cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta las 1.425 de 2017. La tendencia se rompió en 2018 cuando se alcanzaron las 2.333 concentraciones. Así, mientras hace ocho años se celebraron en la Comunidad una media diaria de 8,5 manifestaciones, esta cifra cayó el pasado año a cuatro, según datos del Ministerio de Interior a los que ha tenido acceso a la Agencia Ical.

 

La evolución de la Comunidad ha sido similar la registrada en el conjunto de España, dado que de las 8.400 movilizaciones que se celebran de media en los últimos años antes del inicio de la crisis de 2008, se pasó en 2012 a 44.233. Dese entonces, la tendencia ha sido a la baja. En 2017 se alcanzaron las 29.091, por las 22.449 del pasado año.

 

Por provincias, Valladolid superó a Burgos y se situó a la cabeza con 337 (22,3 por ciento), por delante de las 274 concentraciones celebradas en la capital burgalesa (18,6 por ciento). Después se encuentra Segovia, con 238 (16,1 por ciento), León con 200 (13,5 por ciento), Salamanca, con 125 (8,4 por ciento) y Palencia, con 105 (7 por ciento). En el lado opuesto se situó Soria con 36 manifestaciones, por detrás de Ávila (78) y Zamora (81).

 

Una de cada tres movilizaciones fueron contra medidas legales o políticas (433), mientras que los asuntos laborales (278), representaron el 18,8 por ciento. Las reclamaciones sanitarias se convirtieron en la tercera causa, con 195 movilizaciones (13,2 por ciento), por delante de los asuntos vecinales, con 95 concentraciones (6,4 por ciento) y reivindicaciones del ámbito de la  enseñanza, con 83 (5,6 por ciento). mientras que la lucha contra la violencia machista ocupó el sexto lugar con 56 protestas (3,8 por ciento). Por demandas relacionadas con la inmigración se convocaron 32 protestas, una menos por demandas ecologistas y 15 fueron organizadas por organizaciones agrarias.

 

Como en los últimos años, las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer fueron las más multitudinarias y una ‘marea morada’ formada por unas 40.000 personas volvió a salir a las calles de Castilla y León el 8 de marzo, un semana antes de la declaración del estado de alarma, a las calles de las principales ciudades de Castilla y León.

 

A partir del 14 de marzo, las concentraciones se redujeron a la mínima expresión. En abril se convocaron tres y en mayo 36. A partir del verano hubo una recuperación hasta llegar a noviembre, cuando se alcanzaron 247, la cifra más alta en un mes en todo el año.

 

En el último trimestre del año fue el sector de la hostelería el que protagonizó la protestas para exigir “ayudas directas” con las que compensar las pérdidas provocadas por las medidas restrictivas para combatir el COVID-19.