El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha rechazado este jueves la "imposición" de un nuevo mapa concesional de transportes por parte del Gobierno, que a su juicio perjudicaría a 3,2 millones de españoles del medio rural, al tiempo que ha abogado por uno elaborado con el "consenso" de las comunidades autónomas.

Bravo ha realizado estas declaraciones a los periodistas durante la visita realizada a Ávila para valorar, junto al consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, las últimas decisiones del Ejecutivo central en materia de comunicaciones y su afección a Ávila.

Acompañados por el presidente del PP abulense y de la Diputación, Carlos García, ambos han coincidido en criticar dicho mapa, ya que su aplicación supondría, según sus datos, la supresión de 9.300 paradas y de más de 450 rutas en España, es decir, el 47% del total.

Esta situación afectaría, según los datos ofrecidos por Bravo, a 1.400 poblaciones, con un total de 3,2 millones de personas afectadas "directamente" por la eliminación de este servicio, fundamentalmente en el medio rural.

En el caso de Castilla y León, el consejero de Movilidad ha hablado de 474 paradas suprimidas en 380 municipios, afectando al 71% de las rutas de transporte dependientes del Estado, con un total de 35.000 viajeros afectados.

"El mapa concesional debe ser retirado", ha apuntado Sanz Merino, antes de abogar por el hecho de que el nuevo sea abordado en el seno de la Conferencia Sectorial de Transportes con las comunidades autónomas.

En este sentido, el vicesecretario de Economía del PP ha acusado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de "falta de gestión", al tiempo que ha rechazado que el Ejecutivo central "quiera derivar todo el trabajo sobre las comunidades autónomas".

Desde su punto de vista, a los gobiernos autonómicos "no se les puede seguir cargando las capacidades que tienen, con más acciones, sin darles financiación", teniendo en cuenta que en los cuatro meses de 2025 "siguen sin recibir la actualización de las entregas a cuenta".

"No se le puede pedir más esfuerzo a las comunidades autónomas, no se le puede imponer más cargas sin darle la financiación correspondiente y, además, sin darles lo que de por sí ya les corresponde", ha sostenido Juan Bravo.

En esta línea, y tras destacar la aprobación de una proposición del PP, aprobada en el Congreso para elaborar un nuevo mapa concesional, Bravo ha insistido en la necesidad de elaborar uno nuevo desde el "consenso" con las comunidades autónomas, de manera que "no deje a ciudadanos fuera".

Después de señalar que esta propuesta responde a "lo que se pedía" desde el Congreso, dando financiación a las comunidades autónomas, el vicesecretario de Economía del PP se ha preguntado "por qué quieren imponer esta figura del mapa concesional" que "perjudique a 3,2 millones de ciudadanos".

En este contexto, ha hablado de la necesidad de "hablar, negociar, consensuar y poner puntos de encuentro, en los que la gente se sienta identificada y los ciudadanos vean que el trabajo que se hace desde la política es útil".

Por otra parte, el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz Merino, y el presidente del PP y de la Diputación abulense, Carlos García, han rechazado la decisión del departamento de Óscar Puente de eliminar el proyecto de conectar por autovía Ávila con la A-6.

El consejero ha hablado de una "decisión política, disfrazada con criterios técnicos", lo que a su juicio "perjudica la cohesión territorial de Castilla y León", pese a que en su día contó con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable.