La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que los funcionarios de la administración general, especial y sanitarios de la Junta de Castilla y León "están siendo castigados, al servicio de una administración autonómica incapaz de establecer un sistema de movilidad acorde con los tiempos en los que estamos, y que sí tienen los empleados públicos de otros sectores y administraciones". Por "justicia y equidad", el consejero de la Presidencia debería llegar a un acuerdo definitivo para establecer para todos los funcionarios un concurso de traslados abierto y permanente, al menos, anualmente, antes de las elecciones de la Comunidad de Castilla y León.

Mañana miércoles se publicará la resolución provisional del concurso de traslados de funcionarios de la Administración General de la Junta de Castilla y León, un proceso largamente esperado por miles de trabajadores públicos. En total, se han presentado 4.742 solicitudes, de las cuales 4.622 corresponden a personal funcionario de la propia Junta y 120 a empleados públicos de otras administraciones públicas.

 Sin embargo, lamenta que esta convocatoria no es fruto de la voluntad política de la Junta, sino de la obligación que ha exigido el proceso judicial iniciado por ese sindicato ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Valladolid, con una denuncia presentada el pasado 4 de mayo de 2024.

CSIF subraya que, a diferencia de otros colectivos de empleados públicos, como el personal laboral (que dispone de hasta cuatro convocatorias anuales), el docente (con concurso y concursillo cada año) o el de Sacyl (con uno anual), los funcionarios de los cuerpos generales de la Administración General de la Junta solo han tenido procesos en los años 2012, 2014 y 2021. Es decir, tres convocatorias en 13 años, con una espera de 8 años entre las dos última.

En el caso de los funcionarios de cuerpos especiales, como ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos de obras públicas o agentes medioambientales, entre otras categorías, la falta de concursos es más dolosa, ya que solo ha habido en 2010 y 2021. Y todavía es más "sangrante" la situación de los cuerpos sanitarios de la Administración General, como veterinarios, médicos o enfermeros, que en algunos casos llevaban la friolera de más de 15 años sin ejercer su derecho a poder trasladarse, hasta que en fechas recientes se ha convocado, explica CSIF.

Recalca que Castilla y León es la comunidad más extensa de España, y que lograr una plaza mediante oposición puede suponer estar a cientos de kilómetros del entorno familiar. "No se trata solo de derechos laborales, sino de conciliación personal y familiar", subraya el sindicato independiente.

Además, insiste en que no existe obstáculo técnico para instaurar un sistema de concurso abierto y permanente, tal y como ha prometido reiteradamente la Junta, ya que el proceso está automatizado en su gestión y tramitación.  De acuerdo con la normativa existente, desde la modificación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) del personal funcionario, el pasado mes de agosto, en un plazo no superior a seis meses, es decir, en el mes de febrero, se tenía que haber producido la primera convocatoria de concurso.

¿Por qué la Junta no convoca concursos anualmente?, se pregunta CSIF, que considera que esta negativa permite al Gobierno autonómico "manejar de forma discrecional las plazas vacantes, vulnerando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". También se han detectado situaciones irregulares, según CSIF, como la contratación de interinos en puestos de jefe de sección o jefe de área, en lugar de recurrir a funcionarios cualificados de esas mismas secciones o áreas en comisión de servicios. "Esto, con la convocatoria del concurso abierto y permanente con periodicidad anual no se produciría nunca", asegura. Para CSIF, esta actitud no solo supone un agravio comparativo con otros empleados públicos, sino que además repercute directamente en la calidad del servicio público que se presta a la ciudadanía.

   Por último, señalar que la Junta sigue insistiendo en ese afán de marginar que tiene, al querer exigir el certificado en competencias digitales y valorarlo de forma discriminatoria, frente al resto de personal de la administración autonómica, y más cuando no asegura esta formación a todos los empleados públicos.