La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen conocerá este lunes la sentencia por presunto desvío de fondos del Parlamento Europeo que perfilará su futuro y que puede acabar con sus ambiciones presidenciales.

Acusada de haber urdido una trama para que los asistentes parlamentarios que destina la Eurocámara a sus parlamentarios trabajaran en realidad para su partido, la Fiscalía solicitó contra ella cinco años de cárcel, tres de ellos exentos de cumplimiento, dos efectivos aunque no entre rejas y 300.000 euros de multa.

Pero, sobre todo, al término de un duro alegato que pedía una pena ejemplar, la Fiscalía incluyó una petición complementaria que se ha convertido en la parte más importante del caso: cinco años de inhabilitación para cargo público con aplicación inmediata, incluso en el previsible caso de una apelación.

"No creo que (los jueces) lleguen tan lejos", aseguró Le Pen en declaraciones al semanario La Tribune Dimanche publicadas este fin de semana.

Si el tribunal siguiera el criterio del Ministerio Público, Le Pen vería truncada su cuarta carrera para la presidencia de Francia, con nuevas elecciones previstas para 2027, tras haber alcanzado dos veces la segunda vuelta, siempre en progresión ascendente.

La líder ultraderechista aparece como una seria favorita para esos comicios, al frente de un partido que encadena éxitos en las urnas y que parece haber roto los techos que, tanto a ella como a su padre, le han cerrado hasta ahora las puertas del Elíseo.

Aunque desde el primer día Le Pen se ha negado a considerar este juicio como un proceso político, en los últimos días del mismo sí puso sobre la mesa las implicaciones que puede tener "para la democracia": "Detrás de mi hay once millones de personas que han votado por el movimiento que yo represento. Millones de franceses que se verían privados de su candidata".

Sus palabras resonaron graves en el juzgado donde durante dos meses defendió su inocencia frente a las pruebas que presentaban la Fiscalía y la acusación particular, que representa al Parlamento Europeo, que eleva a más de 6,8 millones de euros el perjuicio sufrido.

Le Pen y otras 26 personas están acusadas de malversación de fondos públicos entre 2004 y 2016.

A lo largo de la vista, la acusación trató de demostrar que los asistentes parlamentarios del Frente Nacional, rebautizado posteriormente como Agrupación nacional (RN), no trabajaban para los europarlamentarios, sino para el partido. Muchos de ellos apenas pisaban la Eurocámara, mientras que quedó acreditada su presencia asidua en los locales del partido, donde buena parte tenía, además, un cargo asignado.

La líder ultraderechista explicó que buscaban asistentes parlamentarios con compromiso político y que trabajaban de forma conjunta, sin hacer distinción entre sus labores parlamentarias y las partidistas.

Una práctica que no llamó la atención del Parlamento Europeo mientras la extrema derecha tuvo un pequeño grupo parlamentario, pero que cambió de dimensión cuando en 2014 fueron el partido más votado en Francia y enviaron 24 parlamentarios a la cámara.

El entonces presidente de la Eurocámara, el socialista alemán Martin Schulz, presentó una denuncia en 2015 que desembocó en casi diez años de investigación y acabó en el juicio.

Varios juristas consultados coinciden en que Le Pen será condenada, pero ninguno es capaz de pronunciarse sobre la cuestión de la inhabilitación y, menos aún, si quedará en suspenso.

Durante meses, los juristas del país han debatido sobre el encaje constitucional de tal pena, sin que nadie haya sabido dar una interpretación clara a una situación inédita.

Muchos piensan que una apelación debería dejarla en suspenso, lo que permitiría a Le Pen alargar el caso más allá de 2027. Si así fuera, en caso de imponerse en la carrera por el Eliseo, la líder de la extrema derecha vería detenerse el reloj judicial amparada por la inmunidad presidencial.

Otros consideran, sin embargo, que hay materia para que la inhabilitación sea impuesta incluso en caso de recurso, lo que dejaría fuera de juego a la política y propulsaría a la primera línea a su delfín, el joven Jordan Bardella, de 29 años.

La cuestión puede terminar en los despachos del Consejo Constitucional, presidido por el fiel macronista Richard Ferrand, cuyo nombramiento fue avalado por el parlamento hace mes y medio por tan solo un voto y con la abstención del partido de Le Pen, que muchos interpretan como un favor que acarreará contrapartidas.

Este organismo no ha sentado aún jurisprudencia sobre la aplicación provisional de una pena de inhabilitación para un cargo nacional, aunque sí lo avaló el pasado viernes para un cargo municipal en un caso de un concejal de Mayotte.

Los abogados de Le Pen esperan una sentencia más favorable.