Dos años de cárcel y cinco inhabilitado al exjefe Inspección Tributaria de Junta en Ávila

La Audiencia de Ávila, tras llegar a un acuerdo de conformidad por las partes, ha condenado a dos años de cárcel y cinco de inhabilitación especial para empleo o cargo público al exjefe de la Sección de Inspección y Valoración Tributarias del Servicio Territorial de Hacienda de Ávila, por un delito de cohecho.

El condenado, que fue apartado de sus funciones, también deberá cumplir una la pena de doce meses de multa, con una cuota diaria de 6 euros, lo que supone un total de 2.190 euros, según la sentencia difundida este martes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Contra este fallo, alcanzado por acuerdo de conformidad entre el ministerio fiscal, la acusación particular y la defensa, cabe un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal de la Comunidad.

La Junta se personó como acusación particular en este procedimiento penal que se inició en diciembre de 2022, tras la denuncia presentada un mes antes por un particular en el Juzgado de Guardia.

Dicho procedimiento respondía a la investigación al que entonces era jefe de la Sección de Inspección y Valoración Tributarias del Servicio Territorial de Hacienda de Ávila, por intentar una 'mordida' a una herencia.

El funcionario, en varias reuniones con el hijo de la heredera, una mujer de avanzada edad, le habría ofrecido, cuando realizaba los trámites de la herencia, bajar las valoraciones de los bienes para que pagara menos impuestos, a cambio de una compensación, una 'mordida' de 50.000 euros.

Durante ese proceso, el condenado mantuvo con el denunciante varias reuniones en las dependencias de la Junta y en la calle, tratando de convencerle alegando que le pedía esa cantidad por "problemas personales y económicos", justificando que lo hacía "por su hijo y por desesperación".

El denunciante aportó como pruebas al procedimiento abierto por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila diversas grabaciones en vídeo y correos electrónicos.

En las grabaciones consta que el funcionario "intentó cerciorarse de que no le estuvieran grabando", proponiendo como "forma de pago de la dádiva, bien la venta y recompra de su vehículo, bien entregando cantidades diarias o bien entregándole la cantidad en varios pagos de 10.000 euros".

"La finalidad de las entrevistas era obtener un beneficio económico injusto", según figura en el fallo conocido este martes, en el que se especifica que no se llegó a realizar el pago de "dádiva alguna".

Antes del acuerdo de conformidad de las partes, el fiscal solicitaba cuatro años y medio de prisión, mientras que la acusación particular pedía cuatro años de cárcel y doce de inhabilitación especial para empleo o cargo público, además de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los perjuicios causados a su defendido.

La Junta de Castilla y León solicitaba seis años de cárcel y una multa de 18.250 euros, además de doce años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y ejercicio de sufragio pasivo.