Hace unos días, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) anunciaba su catálogo de Cursos de VeranO 2024, con una oferta de 13 cursos para la provincia de Ávila. Entre ellos se encuentra 'La gestación por sustitución como TRHA y los distintos modelos de familia' y cuya sinopsis habla de 'la surrogacy' "evitando, con el anglicismo, llamar las cosas por su nombre: gestación subrogada o vientres de alquiler", denuncian desde Izquiereda Unida.

"Como en España no es legal, la práctica utilizada es alquilar vientres en los países en los que sí que se permite y luego traer a las hijas e hijos así gestados para inscribirlos en los registros españoles", explican desde la formación de izquierdas, tras apuntar que "por la propia opacidad jurídica del procedimiento, los datos de la magnitud de esta práctica son limitados".

Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores en respuesta a una petición al Portal de Transparencia, entre 2010 y 2020 se recibieron en los consulados españoles 2.856 solicitudes de inscripción de menores nacidos por esta vía, de las cuales se aceptaron más de 2.500, casi el 88%. La mayor parte de la gestación subrogada la llevan a cabo parejas heterosexuales. Según los datos aportados por Exteriores el 65% de las solicitudes de inscripción (1.857) corresponde a parejas heterosexuales, el 23% (653) a parejas homosexuales y el 12% (346) a personas sin pareja.

Esta práctica depende mucho de los cambios geopolíticos y económicos y las normativas de los estados que la legalizan o no. Por ejemplo, en Ucrania la demanda se ha intensificado con la guerra en 2022 y también se ha trasladado a otros países como México. En 2015, el Parlamento Europeo se opuso a la gestación subrogada a través de la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre: "La Eurocámara condena la práctica de la gestación por sustitución, que es contraria a la dignidad humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como materia prima; estima que debe prohibirse esta práctica, que implica la explotación de las funciones reproductivas y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las mujeres vulnerables en los países en desarrollo".

Desde IU de Ávila recordan que "comprar bebés es ilegal en nuestro país". "Es violencia machista y explotación reproductiva. Es poner los cuerpos de las mujeres de bajos recursos al servicio del capital. Los vientres de alquiler socavan los derechos de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, mercantilizando sus cuerpos y sus funciones reproductivas", señalan.

Nula de pleno derecho

Además, añade la formación de izquierdas, "la gestación por sustitución es nula de pleno derecho en nuestro país, tal y como establece la Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida, en su art. 10.1., declara nulo de pleno derecho el contrato por el que se concierta una gestación, con o sin compensación económica, y el artículo 221 del Código Penal. Y, en la Ley Orgánica 1/2023, reforma de la Ley del Aborto, se reconoce como una manifestación de violencia contra las mujeres, se prohíbe su publicidad, así como establece acciones de prevención para concienciar socialmente frente a esta violencia".

"Entendemos que se empatice con las familias que recurren a la gestación subrogada, a pesar de ser una práctica ilegal en nuestro país, pero es importante que se piense en la otra parte, en la que no se ve, la que no muestran los medios y son esas mujeres empobrecidas, en situaciones de riesgo, que acceden a esta práctica porque están en una situación de precariedad muy aguda", explican desde IU, tras añadir que "tengamos empatía también con esas mujeres, los deseos de unas no pueden recaer sobre los cuerpos de las más precarias".