La Asociación de Estaciones de Servicio de Ávila, miembro de la Confederación Española de Estaciones de Servicio (CEES), se adhiere al comunicado firmado por las principales organizaciones del sector (CEEES, AEVECAR, AOP y UPI) para apoyar la iniciativa propuesta por algunos grupos parlamentarios, que consiste en garantizar a la Administración el pago del IVA correspondiente antes de que se puedan extraer los carburantes del depósito.

Suministradores al por mayor y estaciones de servicio celebran el debate abierto en la lucha contra las prácticas fraudulentas en la distribución de carburantes, en el marco de la tramitación como proyecto de Ley del Real Decreto-Ley 8/2023. Tal y como reconoce el Gobierno en la exposición de motivos del citado Real Decreto-Ley, el fraude ha alcanzado cotas gravísimas y se está incrementando exponencialmente.

Las asociaciones se muestran a favor de que la norma incorpore medidas que contribuyan a combatir algunas prácticas fraudulentas, pero recalcan que resultan insuficientes, ya que no abordan, por ejemplo, el fraude fiscal en el IVA. En este sentido, consideran imprescindible que, antes de antes de que salga de los depósitos fiscales donde se almacena el carburante, se garantice el pago del IVA correspondiente a la venta posterior del producto. La garantía puede consistir o bien en presentar un tipo de aval o bien en demostrar que se trata de un operador confiable.

Así, se limitan las opciones que actualmente permiten a los operadores fraudulentos no ingresar el IVA que corresponda a las arcas públicas y se dota de seguridad jurídica a todos los eslabones de la cadena, que siempre tendrán la certeza de que sus proveedores cumplen con sus obligaciones fiscales. Por este motivo, las asociaciones respaldan la propuesta de modificar la Ley del IVA para así atajar el fraude que se produce cuando los carburantes se compran dentro de un depósito fiscal, con exención del impuesto, por un operador fraudulento que luego los vende con repercusión de un IVA que no ingresará en la Hacienda Pública.

Solución italiana

CEEES, AEVECAR, AOP y UPI señalan, además, el caso de éxito de Italia, que también afrontaba una situación similar y está aplicando esta medida desde 2019. Desde la Administración italiana han subrayado su efectividad y su facilidad de implantación. En este sentido, suministradores al por mayor y estaciones de servicio celebran la incorporación de medidas como la solución italiana, propuesta por algunos de los grupos parlamentarios, como un paso decidido en la buena dirección para resolver un problema que atañe al conjunto de la ciudadanía, a la Hacienda Pública y a la competencia sana en el sector.

Por este motivo, las asociaciones recalcan la importancia de que se valore su puesta en marcha y confían en que los grupos parlamentarios respalden su aprobación e incorporación a la redacción definitiva de la Ley.

CEEES, Aevecar, AOP y UPI representan a toda la cadena de valor de la producción y distribución de carburantes, a más de 200.000 trabajadores y más de 4.700 empresas.