La Fiscalía y la acusación particular han pedido doce y nueve años de cárcel, respectivamente, para un monitor de artes marciales. J.R.G., acusado de abusos sexuales cometidos en Ávila contra una menor de 16 años y de elaborar y poseer material pornográfico, mientras la defensa ha solicitado la absolución.

Durante el juicio celebrado este miércoles en la Audiencia Provincial de Ávila, la víctima, que cuando sucedieron los hechos ente diciembre de 2020 y diciembre del año siguiente tenía 15 años, según los informes periciales ha tratado de exculpar al acusado por la manipulación del monitor sobre la menor, que tiene un sentimiento de culpabilidad ante una posible condena.

Durante la declaración, el acusado ha afirmado que los encuentros sexuales con la menor concluyeron cuando su madre habló con él del asunto y en su última intervención en el juicio ha admitido que siguieron viéndose como amigos a partir de diciembre de 2021, cuando la víctima cumplió 17 años y seguía entrenando en su gimnasio de la capital abulense.

Durante la vista oral, la Fiscalía ha considerado acreditada una docena de hechos que a su juicio corroboran que el procesado, que en aquel momento tenía 43 años, conocía la edad de la víctima cuando comenzaron a tener encuentros sexuales mientras la joven acudía al gimnasio del acusado, en el que da clases de artes marciales.

Durante el año en el que mantuvieron esos encuentros, uno de ellos fue grabado con el consentimiento de ambos, según han confirmado este miércoles ambas partes.

En este sentido, la acusación ha dicho desconocer la intención de dicha grabación, ya que el acusado fue sancionado administrativamente en el pasado por ser propietario de una web de pornografía.

El ministerio público ha indicado que junto a la pagina de internet de pornografía de la que fue propietario, J.R.G. cuenta con otros antecedentes por pornografía infantil.

Ante esta situación, tanto el ministerio fiscal como la acusación particular, además de las penas de 12 y 9 años de cárcel, han solicitado el ingreso en prisión provisional sin fianza y comunicada, una vez que se conozca la sentencia, ante el riesgo de que el acusado pueda cometer hechos similares.