Admitidas a trámite dos denuncias contra el alcalde de Santa María del Cubillo

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila dictó en agosto pasado un auto por el cual ordena incoar diligencias previas encaminadas al esclarecimiento de unos hechos que, en palabras del magistrado titular, "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos".

Tales hechos, denunciados por la Asociación de Vecinos (AA.VV.) D. Miguel de Unamuno, se refieren, de un lado, a la posible contratación irregular de personal laboral en el Ayuntamiento de la localidad, sospechándose que sin convocatoria pública ni pruebas selectivas, de forma que lleva a suponer una posible vulneración de los principios de publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público al que obligan las leyes.

El caso tiene sus antecedentes en jóvenes vecinas del municipio que, al tener noticia sobre la dotación del puesto de trabajo, consultaron a la asociación de vecinos por la forma en que se había provisto la plaza, dado que a ellas hubiera gustado concurrir a la misma en igualdad de condiciones y en el contexto de un proceso abierto.

Tanto la AA.VV. como concejales de la oposición procedieron entonces a solicitar acceso a la información pública del expediente de contratación sin ningún éxito. Esta ocultación de la información pública y la ausencia de evidencias de la celebración de pruebas selectivas llevaron a la organización vecinal a pedir a la Justicia que se investigaran los hechos.

La segunda denuncia admitida, que supone una causa distinta y por ello se ha derivado a otro juzgado­, se refiere a la colocación de una raya amarilla de "prohibido aparcar", la única que hay en el pueblo, frente al domicilio de un compañero de trabajo del alcalde, y hacerlo sin contar con competencias para ello, por ausencia de ordenanza municipal de tráfico.

De nuevo la negativa del alcalde a proporcionar acceso, tal como solicitaban la AA.VV. y concejales de la oposición, al expediente que decretaba la colocación de la banda señalizadora, llevó a concluir a los denunciantes que pudiera tratarse de una actuación arbitraria dirigida a beneficiar ilegítimamente a sus allegados.

Según denuncia José M. García, delegado de comunicación de la AA.VV.,  "los vecinos que, en ejercicio de nuestros derechos, hemos promovido las denuncias, somos objeto de acoso e increpaciones por parte de los seguidores del alcalde, que son numerosos, habida cuenta de que su empresa es la única mercantil asentada en el municipio que provee empleos".

El portavoz lamenta que "la convivencia se haya visto seriamente alterada por la polarización existente entre seguidores y detractores del alcalde" y añade que "se nos somete a una especie de chantaje inaceptable: si queremos restablecer la cordialidad vecinal debemos mirar a otro lado y renunciar a denunciar las fechorías del alcalde, aunque supongan el continuo quebranto de la ley y el pisoteo de nuestros derechos".

Las mencionadas no son las únicas causas judiciales abiertas que afectan al primer edil, José Miguel Muñoz Maroto del Partido Popular.

En estado avanzado se encuentra una causa penal relativa a licencias y gestión urbanística del complejo residencial el Castillo.

Por otra parte, en el contexto de un procedimiento medioambiental se acusa al alcalde de un posible delito contra los derechos civiles por negarse a conceder acceso a documentación pública relativa, entre muchas otras, a la licencia medioambiental concedida en favor de la empresa en la que presta sus servicios el propio regidor. El ayuntamiento tiene suscritos con CYCASA Canteras y Construcciones SA, contratos por la explotación minera de terreno público municipal, y el alcalde también se niega a conceder acceso y publicar tales contratos con su empresa. Tampoco los publica en sede electrónica tal como preceptúa la Ley de Contratos del Sector Público.

En estado de estudio por parte de la asociación de vecinos se encuentra un quinto proceso contra el alcalde por haber falseado la memoria justificativa que dio lugar a la colocación de una veintena de cámaras de videovigilancia en las calles de las dos entidades que conforman el municipio (Aldeavieja y Blascoeles), con apenas 150 habitantes cada una.