Cerca de medio centenar de profesionales de la Justicia se han concentrado este miércoles frente a los juzgados de la capital sumandose así a las concentraciones convocadas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en todas las provincias para reclamar una intervención decidida de los poderes públicos que termine con las sucesivas huelgas que desde el mes de enero paralizan el servicio de justicia en todo el país.

Bajo el lema 'La Justicia, es una cuestión de Estado', la movilizacion tenía el objetivo de mostrar la "enorme preocupación" por los cuatro meses consecutivos de paralización de Juzgados y Tribunales que tienen colapsado el servicio público de justicia del país.

El Colegio de Procuradores de Avila se ha sumado a la concentración con su 'Manifiesto de la Procura sobre Huelgas en el servicio público de justicia' en el que aseguran que "afecta muy gravemente a toda la ciudadanía española inmersa en un procedimiento judicial. También, a los profesionales de la procura que los representan ante los Tribunales, así como a los abogados que les dan servicio. Igualmente, al personal, que son decenas de miles, que colaboran con estas profesiones".

En este manifiesto señalan que "están suspendiéndose decenas de miles de vistas continuamente, habitualmente sin previo aviso. Miles de notificaciones sin tramitar, escritos sin proveer, demandas sin repartir, asi como los mandamientos de consignaciones y depósitos judiciales paralizados", advirtiendo que los juicios están señalándose "para más allá de 2026".

Indican que "la situación resulta insostenible, y vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que garantiza un Estado de Derecho. Los procuradores como representantes de los ciudadanos ante toda clase de litigios, apremiamos a las partes implicadas en el conflicto para una solución inmediata, así como a las medidas pertinentes para recuperar el tiempo perdido una vez se alcance la la solución".

De esta manera, reclaman un acuerdo que reactive "de forma inmediata" el servicio público de justicia, así como "medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados".

Igualmente reclaman un Pacto de Estado tras las elecciones generales del 23 de julio "que permita crear un servicio público, efectivo y de calidad, durante la próxima legislatura".