El objetivo es la mejora de accesibilidad, la mejora de recuperación socioeconómica de la zona
CEOE Ávila ha solicitado a través de una misiva al comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián Ruiz, una reunión para tratar la necesidad de la inclusión efectiva y real de Ávila en el Corredor Atlántico.
Tras varias reuniones mantenidas durante este mes desde la patronal con distintos expertos en la materia, concluimos que las decisiones finales están en manos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por lo que es de vital importancia que se agilicen los trámites para que Ávila no se quede "dejada de lado en algo tan importante como son las comunicaciones, negadas a este territorio en otros ámbitos durante años y años".
La ubicación estratégica de Ávila, entre la capital de España y el noroeste de la península, y la confluencia en las proximidades de nuestra ciudad de comunicaciones por ferrocarril y por carretera, nos deben colocar en una posición privilegiada, que facilite nuestra plena participación en las conexiones entre Portugal, Francia y el centro de Europa, y no solamente a través de la modernización de esas comunicaciones sino también de la creación de plataformas logísticas que contribuyan a una circulación más ágil de mercancías y de personas, en sintonía con el progreso que está acarreando el siglo XXI.
Ya el pasado 27 de febrero, directivos de CEOE Ávila y de sus federaciones y asociaciones mantuvieron un encuentro con un representante de la Red Transnacional Atlántica, en el que pudieron acceder a información muy precisa sobre este corredor, cuyo trazado discurre de manera natural por nuestra provincia, y que requiere de una voluntad política muy comprometida para que Ávila sea destinataria de inversiones; no solo para mejorar cualitativamente infraestructuras ferroviarias y viarias, sino también para acoger plataformas logísticas que tendrían un efecto multiplicador en el transporte de mercancías y en la movilidad de las personas. Todo ello generaría en los próximos decenios amplias repercusiones en la economía y el empleo de todo el arco atlántico, pese al notable retraso que está sufriendo en su configuración respecto del Corredor Mediterráneo.
El pasado 2 de marzo, miembros del comité ejecutivo de CEOE Ávila se reunieron con la directora general de Transportes de la Junta de Castilla y León para conocer el posicionamiento del gobierno autonómico a la hora de defender ante el Estado las inversiones e infraestructuras que va a exigir la implantación del Corredor.
En ella pudimos defender la importancia tan primordial de que Ávila sea incluida en este recorrido, al que insistimos pertenece de manera natural, con el fin de que la provincia abulense no se vea, de "nuevo discriminada", como ha ocurrido en los últimos años con inversiones tan relevantes como el AVE o como está pasando con las autovías que discurren por la región.
Además de esta misiva enviada al comisionado, CEOE Ávila está gestionando también otros encuentros, como el que esperamos tenga lugar próximamente con la Red Transnacional Atlántica, a través de su presidenta, María Mercedes Vaquera, y su asesor, Germán Barrios.
Según la CEOE Ávila "el Gobierno continúa incumpliendo su propia normativa sobre las subastas de energía más barata".
El sector energético vive desde hace meses una "situación delicada, en la que los consumidores se están viendo muy perjudicados. Los altos precios de la electricidad y el gas les están causando un gran perjuicio, precisamente en un contexto de inflación y subida de precios del coste de la vida. A ello se une un escenario en el sector en el que se ha reforzado el poder de los grandes operadores del oligopolio eléctrico", indicó la CEOE en un comunicado.
Sin embargo, añadieron que "pese a ser una disposición legal en vigor, estas subastas no se están celebrando y acumulan ya 14 meses de retraso injustificado. El Gobierno, por tanto, incumple su propia ley y deja desprotegidos a los consumidores por segundo invierno consecutivo".
La norma recoge que las empresas generadoras dominantes están obligadas a poner en el mercado libre mediante subasta al menos el 25% de su energía más barata para vendérsela a comercializadoras independientes y a grandes consumidores industriales.
En contraposición, especifican que lo que realmente sucede es que estas grandes compañías reservan esa electricidad para sus propias comercializadoras, destinándola a la captación de nuevos clientes o a políticas de retención, ofreciendo ofertas muy atractivas a precios muy bajos.
Para la CEOE, las subastas de energía eléctrica inframarginal permitirían a las comercializadoras independientes, como Feníe Energía, acceder a esa energía barata y competir en el mercado bajo unas condiciones más igualitarias.
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