La Guardia Civil ha investigado a tres personas como presuntas autoras de delitos contra la flora y fauna, contra los recursos naturales y el medio amiente, y falsedad documental tras la muerte por electrocución de 18 aves en tendidos eléctricos aéreos en la zona de Sanchidrian.

Tras tener conocimiento de estos hechos con motivo de una denuncia presentada por una asociación ecologista a través de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, la Guardia Civil abrió la Operación Samilvus, llevando a cabo las investigaciones y actuaciones policiales para intentar determinar cómo se encontraba el tendido eléctrico, las circunstancias de la muerte de las aves, así como localizar, identificar y poner a disposición judicial a los presuntos responsables de la muerte de las aves.

Con las necropsias efectuadas se pudo verificar que las muertes podrían haber ocurrido entre el mes de octubre del año 2021 y julio del año 2023, contabilizándose un total de dieciocho aves muertas a causa de electrocución. Estas aves están incluidas en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, tratándose de tres milanos negros, siete busardos ratoneros, un búho real, un buitre leonado, un cernícalo vulgar, una garza real, una cigüeña blanca y tres milanos reales, estos últimos incluidos en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en Peligro de Extinción.

Continuando con las investigaciones se pudo determinar que estos hechos se habrían producido en una línea eléctrica de propiedad privada ubicada en el término municipal de Sanchidrián, encontrándose dentro de Zona de Importancia para la recuperación de la Cigüeña Negra, así como en una Zona de Distribución de Especies Amenazadas entre las que se encuentran el Águila Imperial Ibérica y el Milano Real. Además, en las proximidades de ese tendido eléctrico, también existe otra Zona de Especial Protección para las Aves, (ZEPA) denominada Valles del Voltoya y Zorita, incluso incluida en la Red Natura 2000. Igualmente, los terrenos por los que discurre el tendido eléctrico están catalogados como zona de protección para avifauna contra la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, y posee un riesgo muy alto de electrocución y colisión de avifauna.

Realizada la correspondiente Inspección Técnico Ocular se observó que el tendido eléctrico carecía de las protecciones requeridas por Avifauna para evitar la colisión y la electrocución de aves. Finalmente, tras localizar e identificar a los dos propietarios de la explotación avícola y titulares de la línea eléctrica, se determinó ponerles a disposición judicial en calidad de investigados ya que, de manera deliberada, no adoptaron ningún tipo de medida urgente y necesaria para evitar la muerte de las aves a pesar de ser conocedoras en todo momento de las deficiencias y carencias que poseía el tendido eléctrico.

Posteriormente también se procedió a investigar a una tercera persona, al inspector y responsable de la inspección efectuada en la línea eléctrica de alta tensión, al no haber hecho constar en el acta de inspección las deficiencias y carencias que poseía el tendido eléctrico, en cuanto a las medidas de salvaguarda contra la colisión y la electrocución de avifauna en líneas eléctricas aéreas. El informe pericial solicitado para valorar económicamente el daño ocasionado al ecosistema, reflejó un total de 984.683,83 euros.

Esta operación policial ha sido desarrollada por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Ávila, con la colaboración de la Unidad Central Operativa del Servicio de Protección de la Naturaleza (UCOMA) de la Guardia Civil con sede en Madrid, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo y Servicio Territorial de Medio Ambiente, ambos pertenecientes a la Junta de Junta de Castilla y León en Ávila.

Además de todo lo anterior también se ha dado cuenta a la Autoridad administrativa competente mediante denuncia, por si diera lugar a la apertura del correspondiente expediente administrativo por vulneración de la normativa sectorial.