Política autonómica frente a las imposiciones partidistas

El informe de parte encargado por el Gobierno de España para cuestionar las denominadas leyes de la concordia propuestas por diferentes comunidades autónomas ha abierto de nuevo un enfrentamiento entre los poderes regionales y el Estado. Al respecto de este tema sería importante puntualizar que no se trata de un pronunciamiento oficial de la ONU, sino de un relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El presidente Pedro Sánchez ya anunció en su momento que se dirigiría a esta figura tras conocer que Aragón y Castilla y León pretendían aprobar sus propias leyes de concordia que se asientan en no diferenciar a las víctimas e incluir a las de la II República.

Los gobiernos aludidos han respondido con firmeza a las reacciones programadas y en bloque por parte de miembros del Ejecutivo nacional que tuvo este informe solicitado de manera concreta para cuestionar la viabilidad de dichas leyes. Es una manera de hacer política frentista identificando a Partido Popular y VOX en una misma sintonía. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, fue contundente al señalar en sus redes sociales que "la ONU les dice que sus leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España", a lo que el presidente aragonés Jorge Azcón le contestó: "lo que dice es lisa y llanamente mentira".

Este baile de movimientos enfrentados ha estado controlado en Castilla y León. Para VOX, esta Ley forma parte del acuerdo de Gobierno con el PP de Fernández Mañueco y el presidente de la Junta no ha tenido demasiadas alteraciones porque García Gallardo lleva tiempo en un perfil más sosegado. Incluso, en los últimos días se ha remitido al criterio del consejero de Sanidad cuando han surgido controversias por el denominado protocolo antiaborto que el todavía portavoz popular de las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, había llegado a descartar. Hace tiempo que el Gobierno de la Comunidad no muestra las grietas propias de una coalición de convivencia complicada. Con el signo que sea, Castilla y León precisa de una gestión robusta y uniforme, capaz de responder y solucionar retos y problemas.

El último capítulo del duelo entre comunidades y el Estado ha saltado al ruedo de la tauromaquia por el anuncio del ministro de Cultura, el antitaurino, Ernest Urtasun, de eliminar el Premio Nacional. Como un resorte, varias comunidades autónomas han salido a la refriega contra el representante ministerial de Sumar que ya había anunciado sus intenciones, simplemente, con su declaración de enemigo declarado de la fiesta de los toros. Pero el matiz que no ha valorado Urtasun es que los toros de lidia no son de izquierdas ni de derechas y ahí está el soldado Page para, desde su reducto manchego, anunciar la creación de un premio específico. En Castilla y León no necesitamos más posicionamientos. El consejero Gonzalo Santonja ya ha plasmado en su estrategia política la importancia que le da a este sector en la Comunidad, con una relevancia como industria especialmente en las zonas ganaderas más tradicionales.

Con este nuevo entretenimiento duelista con autonomías y Estado lanzándose dardos continuos, la vida sigue pasando con un calendario electoral que ayer nos dejó un nuevo escenario en Cataluña y un horizonte en las elecciones europeas que se antojan como una especie de reválida después de la renuncia a renunciar de Sánchez.