El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ávila elevará mañana, viernes, una moción al Pleno del Consistorio solicitando la habilitación de una línea de ayudas ?bajo la fórmula de la subvención-, cuantificada en 100.000 euros, impuestos incluidos, para los establecimientos comerciales de la ciudad afectados en sus economías por la duración en más de tres meses de las obras de titularidad municipal en la vía pública.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Alicia García, ha puesto de manifiesto que "hay comercios ?como es el caso del Mercado de Abastos- que llevan soportando incluso más de diez meses obras en las puertas de sus establecimientos, motivo por el cual su facturación ha caído más de un 50%. Ante esta situación, el Grupo Municipal del Partido Popular solicitará la creación de un mecanismo de ayuda para paliar los graves perjuicios económicos que estos trabajos están ocasionando en su facturación".

En opinión de García, "la nefasta política de gestión y nula planificación por parte del equipo de Gobierno nos ha conducido a esta situación, ya que no es de recibo iniciar simultáneamente obras por toda la ciudad sin haber acabado antes los trabajos. Esto, además, ha generado un caos circulatorio y un enorme malestar entre la ciudadanía, a lo que hay que añadir el grave perjuicio económico que ha supuesto para los comerciantes afectados, como por ejemplo, los situados en la calle Nuestra Señora de Sonsoles, cuyas obras se iniciaron el pasado 17 de abril".

"Es el momento de estar del lado de nuestros comerciantes", ha asegurado García, quién añade que "los gobernantes políticos estamos para solucionar los problemas, no para crearlos. Por eso, pedimos altura de miras a todos los grupos políticos para trabajar de forma conjunta en favor de aquellos comerciantes que se han visto perjudicados por unas obras cuya duración resulta altamente excesiva".

Por todo ello, el Partido Popular propondrá la creación de una línea de ayudas a la que se puedan acoger los establecimientos comerciales de toda la ciudad cuya facturación se haya visto mermada por la prolongación de los trabajos de titularidad municipal de más de tres meses de duración en la vía pública.