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La Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de CEOE Ávila apoya la decisión de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), de la que forma parte, de emprender acciones legales contra el Real Decreto 933/2021 sobre el Registro de Viajeros, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 2 de diciembre.
A cuatro días para su puesta en marcha, aún no se ha tenido respuesta del Gobierno sobre las dudas que genera en el sector su puesta en marcha. Tampoco se ha emitido la orden ministerial comprometida en octubre para detallar los procedimientos necesarios para la puesta en marcha del nuevo Registro de Viajeros, dejando a los hoteleros en una situación de absoluta indefensión.
CEHAT está trabajando con expertos legales para evaluar las opciones judiciales disponibles, con el objetivo de impugnar la normativa por su impacto desproporcionado y su incompatibilidad con las directivas europeas.
Los hoteleros consideran que estas acciones son necesarias para defender los derechos de los viajeros y garantizar un entorno regulatorio equilibrado y justo para los establecimientos turísticos.
No obstante, el sector reitera su compromiso de colaborar con las autoridades españolas y europeas en la búsqueda de soluciones que garanticen la seguridad sin comprometer la operatividad, antes de la entrada en vigor de esta normativa.
La patronal hotelera denuncia que el Ejecutivo ha ignorado todas las peticiones de diálogo y aclaración, tanto de CEHAT como de asociaciones turísticas internacionales. A pesar de las reiteradas advertencias sobre las graves repercusiones que tendrá este reglamento para empresarios y viajeros, el Gobierno no ha ofrecido soluciones ni ha emitido la prometida orden ministerial para aclarar su implementación.
Para la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de CEOE Ávila, el nuevo reglamento no solo afecta negativamente a los turistas internacionales, sino también a los ciudadanos españoles que hacen uso de hoteles y alojamientos en sus desplazamientos dentro del país. Estos deberán enfrentarse a trámites administrativos más complejos y tediosos, comprometiendo su experiencia de alojamiento.
Además, los hoteleros mantienen que se ven obligados a cumplir con una normativa confusa y desproporcionada y que vulnera varias directivas europeas relacionadas con la protección de datos y los sistemas de pago.
El incumplimiento de esta normativa europea puede acarrear importantes multas a las empresas muy superiores a las propias sanciones por no cumplir el Real Decreto del Ministerio del Interior, exponiéndose a sanciones de hasta 30.000 euros si no logran adaptarse a tiempo. CEHAT denuncia que esta falta de claridad genera una inseguridad jurídica inaceptable para un sector que representa el 12% del PIB español y es clave para la economía del país.
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