La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que España debe afrontar las reformas que requieren las administraciones públicas, ante el deterioro progresivo de los servicios que reciben los ciudadanos en todos los ámbitos (sanidad, educación, justicia, Administración del Estado, Seguridad Social, SEPE, Agencia Tributaria, Prisiones...) así como de las condiciones laborales de las personas que trabajan en los mismos.

Con motivo del inicio del curso político, del próximo debate de investidura en el Congreso de los Diputados y de las negociaciones que están manteniendo las diferentes fuerzas políticas, las propuestas de CSIF van dirigidas a los siguientes ejes: mejora salarial; refuerzo del empleo y rejuvenecimiento de plantillas; actualización de la normativa básica para corregir desigualdades entre administraciones (35 horas, implantación efectiva del teletrabajo y la carrera profesional, adecuación de los Grupos Profesionales, igual trabajo igual salario; mejora en las condiciones de jubilación; y financiación adecuada de los conciertos sanitarios en el mutualismo administrativo. La coyuntura política no puede ser excusa para demorar las reformas que requiere la administración.

La Administración General del Estado (AGE) cuenta con "una plantilla envejecida y tensionada" en áreas y organismos fundamentales, lo que dificulta la prestación al ciudadano de unos servicios públicos de calidad. Las ofertas de empleo público de los últimos años, aunque han sido cuantiosas, deben complementarse con "un plan de empleo a corto y medio plazo para garantizar la sostenibilidad del sistema". De hecho, según datos de la Seguridad Social, en agosto se perdieron más de 11.000 empleos en las administraciones públicas, una cuarta parte de la oferta de empleo público de este año.

La Administración Pública Estatal ha perdido 64.400 trabajadores en 10 años, según el último registro del Boletín Estadístico de Personal (en julio de 2022 había 515.449 trabajadores/as, mientras que en julio de 2012 la plantilla era de 579.892). Esta situación "es muy preocupante y está afectando al funcionamiento de servicios clave cuyas plantillas se encuentran muy envejecidas y tensionadas por la carga de trabajo". Así quedó de manifiesto durante la pandemia, cuyos efectos aún lastran nuestras administraciones, como comprueban a diario nuestros ciudadanos y los trabajadores públicos. CSIF mantiene su preocupación por la sostenibilidad de las administraciones públicas a medio plazo y espera que se conforme un Gobierno que permita diseñar cuanto antes los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año y la oferta de empleo público.

CSIF rechaza frontalmente el acuerdo de subida salarial para los empleados públicos firmado el pasado octubre para 2022, 2023 y 2024 porque les condena a una nueva pérdida de poder adquisitivo y es totalmente insuficiente. Solo en los dos últimos años los empleados públicos han perdido un 5,5 por ciento de poder de compra y un 20 por ciento desde 2010 cuando se produjo la primera bajada salarial. El sistema público de pensiones ha tenido tres grandes reformas desde 2011 (todas con apoyo de los sindicatos de clase): primero se amplió la edad de jubilación de 65 a 67 años; posteriormente la reforma de 2021 penalizó las jubilaciones voluntarias; y por último en 2023 se aumentaron los años de cotización a efectos del cálculo de la pensión y se regularon nuevos gravámenes para las personas trabajadoras.