El desarrollo y aplicación de la nueva ley estatal ha aumentado la tensión entre Junta y representantes del Gobierno en la comunidad, una refriega política peligrosa: la experiencia dice que la estabilidad y el diálogo han ayudado a colocar a Castilla y León entre las mejores a pesar de los vaivenes de las políticas educativas.

La nueva Ley educativa estatal está lista para debutar en las aulas aunque su encaje en Castilla y León no ha sido pacífico. Pasa casi cada vez que el Gobierno de turno saca 'su' ley de educación (y ya son ocho en democracia) y lo hace sin el nivel adecuado de entendimiento con las comunidades, que son las que ostentan y ejercen las competencias en materia de Educación, ni con la comunidad educativa, que es la que la imparte y la recibe. La tentación de introducir componentes ideológicos es muy grande y casi nadie logra resistirse, por eso es cada vez más necesario un pacto educativo.

En el caso de la LOMLOE, el nuevo esquema de competencias y su traducción en asignaturas, su contenido y su evaluación ha proporcionado muchas semanas de tensiones entre la Junta y la adminsitración central que, a través de su delegación en la comunidad, ha ejercido aquí la defensa de sus intereses. A todos los gobiernos les gusta que sus leyes básicas se apliquen y eso deriva en una guerra de declaraciones y contradeclaraciones, intimidaciones y amenazas veladas a las que siguen respuestas en el mismo tono, un modus operandi muy extendido en la política de bloques, pero que no funciona en cuestiones nucleares como la sanidad, la dependencia o la educación, por citar tres muy sensibles. Y sin embargo, es es el comportamiento cada vez que toca aplicar una nueva ley del Gobierno de turno.

Ha vuelto a ocurrir a la hora de ajustar la que fue 'Ley Celáa' a la gestión educativa de la comunidad. Se trata, como ha ocurrido otras veces con leyes educativas, de ponerle un traje a un muñeco que ya está vestido y que, en el caso de Castilla y León, va equipado con los resultados de uno de los sistemas educativos más punteros de España y de la OCDE. Y claro, a veces cuesta que las medidas cuadren, y si no hay entendimiento es imposible.

Así que Castilla y León y el Gobierno llevan meses a la gresca por el paso de curso, las notas numéricas, los suspensos para titular y los currículos. Todas estas decisiones afectan a un servicio tan básico y tan de interés general como es la educación que reciben los escolares y que proporciona la comunidad educativa, pero da la sensación de que alumnos y profesores y centros no cuentan. Sólo así se entiende que se estiren los plazos hasta el punto de que los currículos con lo que los estudiantes van a aprender, y los docentes enseñar, no estén listos más que unas pocas semanas antes del inicio del próximo curso y con el verano de por medio, y no es la primera vez. Ni que decir tiene que eso no puede ser porque no hay beneficio alguno para la educación en situaciones así. No es de recibo que ocurra y los implicados, todos, tienen que 'hincar codos' y resolverlo sin poner excusas: los contenidos y los libros tienen que llegar a tiempo para que profesores y alumnos los manejen.

En su lugar, tanto el Gobierno central como la comunidad debían haber buscando desde el principio lo que han acabado encontrando: puntos de cooperación, porque los hay. La Junta tenía reconocido el derecho a completar un 40% de los currículos y a elegir si asignaturas como Filosofía continuaban o cómo se evalúa. Y los tenía porque la Ley así lo recoge: punto. Ambas partes debían esforzarse para hacer su parte, y hacerla a tiempo, para que los que realmente importan, alumnos, docentes y familias, tengan la mejor educación que es la que merecen. A ellos se deben las administraciones, no a ideas o postulados, aunque muchas veces se olvida y perjudica a quines de verdad hacen la educación.

Los resultados de Castilla y León avalan en buena medida su sistema, razón de más para escuchar y entenderse. No ha sido esta una comunidad con tentaciones de rebajar la exigencia, todo lo contrario, y si la ley permite reforzar la Filosofía, aprender quiénes eran los visigodos, enseñar el origen de la comunidad o leer 'La Celestina', que se haga. Ni ha sido tan difícil, ni hay peligro en ello, y tampoco se aprecia voluntad adoctrinadora en una consejería a salvo del miedo a determinados influjos ideológicos presentes en el nuevo gobierno regional. Los retos educativos de la comunidad están más en reconocer a sus docentes y asegurar su calidad en un territorio tan disperso, cuestiones en las que sí tiene tarea por delante.

Así que, por fortuna, parece que la sangre no va a llegar al río, pero siempre queda la sensación de que no es por ganas de guerra. Al final, la refriega política siempre tiene que tener un protagonismo, incluso en materias como la Educación que requieren más de acuerdo que de discrepancia y que deberían de estar a salvo de la disputa partidista de cada momento. Es más necesario que nunca un pacto de Estado por la Educación y tiene que empezar por un compromiso para olvidarse de la política de partidos cuando sobre la mesa esté lo que ocurre en las aulas.