Cuatro expertos del mundo de la botánica, de la antropología y de la biología mostraron su oposición, en Bonilla de la Sierra, a los expedientes mineros que amenazarían la supervivencia de un importante número de especies de flora y fauna del Valle del Corneja.

Se trata de Modesto Luceño, catedrático de botánica en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Ramón Soria, escritor y antropólogo; Jorge Mongil, doctor, ingeniero de montes y profesor en la Universidad Católica de Ávila; Carlos Rodríguez, doctor en ciencias biológicas y gerente de la productora de contenidos medioambientales y de aventura Bicho Prods.

Según se informa en nota de prensa, liderados por Luis Trujillo, creador del grupo “Citas de biodiversidad abulense” y organizador de las ponencias “El valor ambiental del Valle del Corneja frente a las minas” pusieron en valor los elementos que pueden ayudar a detener la minería a cielo abierto en el valle.

Modesto Luceño, avanzó que, si hiciera falta, desde el entorno de las universidades escribirían a la Unión Europea para proteger la flora “en caso de que la Junta de Castilla y León no toma medidas de primera instancia”, dado que la UE “está siendo muy tajante” con la preservación de determinadas especies.

Por su parte, Carlos Rodríguez también reconoció que por muchas medidas que se pongan en la minería a cielo abierto, un río siempre va a ser el receptor de cualquier impacto que pueda producirse a corto, medio y largo plazo, por lo que el peligro importante que se corre es importante.

Jorge Mongil, por su parte, reivindicó los trabajos de restauración hidrológico-forestales que se han llevado a cabo en algunos de los pueblos afectados por los proyectos mineros Sonsoles 1.138 y Madueña 1.149. Ramón Soria rebatió los argumentos con los que se intenta vender los beneficios de una mina a cielo abierto y recordó que son “más propios de épocas pasadas que de la actual”, pero estimó que los ciudadanos disponen de la información suficiente para saber cuáles son los perjuicios de las mismas.

Por último, sostuvo que los movimientos sociales son los que pueden parar este tipo de proyectos y que la decisión final de su implantación no deberían tomarla los políticos sino los habitantes de la comarca en la que se quieren llevar a cabo los mismos.