La Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT y la formación política Trato Ciudadano han puesto de relieve este miércoles la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Burgos que el pasado 14 de julio condenaba a la Diputación de Ávila por falta de transparencia al declarar nula la aprobación del Reglamento del Centro Residencial Infantas Elena y Cristina.

Ambos entes han destacado que la publicación y aprobación definitiva de este se hizo en el BOP del 7 de junio de 2016 mediante Acuerdo del Pleno de la Diputación del 30 de mayo anterior sin publicidad, "lo que hace que sea declarado nulo de pleno derecho" y lleva a la FESP y Trato a manifestar que "es la mayor aberración que puede cometer una institución pública: aprobar normas dándolas una redacción distinta a la que fue sometida a información pública".

Señalan que este cambio en la redacción se hizo a propuesta de la propia Diputación, por la funcionaria Jefa del Servicio de Familia, Dependencia y Oportunidades y con el visto bueno del Secretario General de la Diputación y recuerdan que la citada funcionaria fue cesada tras la sentencia del TSJ de Burgos del 24 de junio de 2016 que condenaba a la Diputación provincial de Avila por desviación de poder, "al haberse apartado el presidente de la Diputación del concreto interés general propio de la ordenación de los servicios".

Recuerdan también que el Centro residencial, que cuenta en estos momentos con una plantilla de 121 trabajadores, tiene "una lista de espera importante de personas que necesitan recibir cuidados, dependientes severos y grandes dependientes a los que se les niega ese derecho a pesar de existir vacantes" que cifran en 32 incluyendo las 16 sin uso de la Unidad de Convalecencia.

En este sentido, la FESP y Trato aseguran que es el Presidente de la Diputación quien "no permite que se dé este servicio al 100% a la sociedad abulense, limitando los ingresos en el centro con el consiguiente perjuicio para las personas que lo necesitan y sus familias".

Ambas entidades han informado de que han solicitado una reunión por segunda vez en los tres últimos meses -17 de mayo y 11 de julio- con el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, "pues es quien tiene la competencia de los servicios sociales en Avila y puede activar el funcionamiento del centro residencial al 100%, implantar en el mismo la unidad de convalecencia y las unidades de convivencia, que ya funcionando en el resto de la comunidad" y que en ninguna de las dos ocasiones han obtenido respuesta.